La intensificación de maltratos físicos e insultos y de la violencia policial en las calles fueron los primeros signos de alerta que padecieron principalmente ciudadanos de países pobres desde principios de este año.
A finales de enero pasado, Macri firmó un decreto “de necesidad y urgencia”, sin el aval del Congreso, para reformar la ley migratoria con un discurso que vincula extranjeros e inseguridad a partir de datos delictivos distorsionados.
La nueva norma criminaliza a los inmigrantes, en particular a los de los países limítrofes, facilita expulsiones y aumenta el rechazo de ingresos, lo que implica un retroceso al enfoque respetuoso de los derechos humanos que tenía la ley derogada y que era presentada como un modelo a nivel global.
Las denuncias llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que calificó el decreto de Macri como un “retroceso” y que, al igual que Amnistía Internacional, manifestó su preocupación por la estigmatización de los migrantes.
En medio de este escenario, diversas comunidades ya comenzaron a organizarse, a realizar asambleas y a reunirse con diputados y senadores para exigir cambios legales.
El pasado 30 de marzo, por ejemplo, realizaron el primer Paro de Migrantes frente al Congreso y que incluyó un festival musical en su apoyo.
Además de lo que estipula el decreto, los inmigrantes han notado cambios drásticos en su vida cotidiana, como señaló a Notimex King Papa Yaw, un ciudadano de Sierra Leona que hace 17 años se convirtió en refugiado político en Argentina.
“Hay más xenofobia por nuestro color de piel, hace poco la policía casi ahorca a un vendedor ambulante porque era negro”, aseveró.
También denunció que hace ocho meses 35 comerciantes de una feria ubicada en el barrio de Constitución fueron desalojados ilegalmente y que la jueza a cargo del caso no hace nada porque los afectados son peruanos, paraguayos y africanos.
El presidente del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (Iarpidi), Nengumbi Suka, coincidió en que el racismo se refleja ahora con mayor fuerza, aunque nunca se fue del todo el reclamo de “ándate a tu país” que es de uso común.
“Lo vemos todos los días en los hospitales públicos en donde nos miran mal o no quieren atendernos, insultan a los niños en las escuelas. La violencia contra los africanos reapareció”, precisó Suka, quien llegó a Argentina hace 22 años desde la República Democrática del Congo.
Consideró que el decreto de Macri lo que hace es dotar de un aspecto legal el racismo que siempre ha estado latente en la sociedad y que ahora se fortalece a nivel institucional.
Tomás Valenzuela, del Colectivo de Resistencia Cultural de la migración paraguaya, explicó que, ante “la avanzada xenófoba gigantesca” se dificultó la burocracia para acceder a la ciudadanía o residencia argentina.
Lenis, una enfermera boliviana que vive desde hace 22 años en Buenos Aires, contó que hace poco en un supermercado coreano un señor comenzó a insultar a los inmigrantes a gritos.
“Se quejaba por los precios altos, decía que no podía ser, que cualquiera se ponía un almacén y se volvía millonario, dijo que los chinos, bolivianos, peruanos y paraguayos éramos todos igual de ladrones. En lugar de reclamar las políticas económicas de su gobierno, nos acusó a nosotros”, relató.
Mónica Mexicano, una sicóloga mexicana de 32 años, lamentó que el gobierno haya instalado la idea de que migrantes de primera y de segunda categoría, de que los que vienen de países pobres son delincuentes.
“Mucha gente se siente ahora con más permiso para atacarnos, el decreto los habilitó para expresar comentarios abiertamente xenófobos y racistas que antes no eran bien vistos”, dijo.
En su caso, notó que se intensificó “un clima de desprecio” y a veces, cuando la gente que la maltrató o insultó descubre que es mexicana, se disculpa con el argumento de “creí que eras paraguaya”.