La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género informó que en la última década, los feminicidios en el país han aumentado, y en ocasiones el agresor es la pareja sentimental; y en la mayoría de los casos se procrearon hijos, quienes son las víctimas colaterales.
Derivado de esta conducta, expuso, el menor queda en medio de todo, ya que, no obstante que su papá asesinó a su mamá, este no pierde el derecho sobre el hijo en todo lo que respecta a los efectos jurídicos de la patria potestad, la cual corresponde a ambos progenitores.
Recordó que actualmente, el marco legal permite que el homicida de su cónyuge, esposa, concubina o pareja sentimental detente la patria potestad por el simple hecho de ser el “padre”, quien tiene derechos sobre el hijo, aun cuando lo haya dejado huérfano. El Código Federal de referencia, estipula que la patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos.
Por ello, en su iniciativa, presentada ante la Permanente y turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la legisladora refirió que datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que 38 por ciento de todas las mujeres asesinadas en la región de Las Américas, de la cual forma parte de México, fueron victimadas por sus parejas.
"Indicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, en México 47 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja durante su última relación".
De acuerdo datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las entidades con mayor prevalencia de violencia de pareja, a lo largo de la relación, son el Estado de México, con 57.6 por ciento; Nayarit, con 54.5 por ciento; Sonora, con 54 por ciento, Ciudad de México, con 52.3 por ciento, y Colima, con 51 por ciento.
En ese sentido, la diputada explicó que la pérdida de la patria potestad no es una medida que tenga por objeto castigar a los progenitores por el incumplimiento a los deberes, sino busca defender los intereses del menor en aquellos casos en los que su bienestar se garantiza mejor cuando los padres estén separados de sus hijos y así evitar que puedan decidir sobre su vida.