México, 29 May (Notimex).- Ante las violaciones al derecho de un trabajo digno y la insuficiencia política para la atención de la población jornalera agrícola, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 36 a gobernadores, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a las secretarías del Trabajo y de Bienestar, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En conferencia de prensa, el sexto visitador general de la CNDH, Jorge Ulises Carmona, reconoció que la emisión de dicho pronunciamiento fue motivado por distintas quejas presentadas entre 2015 y 2018, así como por la observación de una situación recurrente en el actuar de las autoridades que afecta el goce y ejercicio de los derechos de la población jornalera agrícola.
Advirtió que de la investigación realizada llama la atención la ausencia de un diagnóstico actual que permita identificar el total de población jornalera agrícola y su familia o bien, si la dinámica en los flujos migratorios han cambiado, pues la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas data del año 2009.
Además que tras la sustitución de Sedesol por la Secretaría de Bienestar y la eliminación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, puede agravarse la situación de vulnerabilidad de estas personas que, según datos estimados en la encuesta, en conjunto con sus familias alcanzaban una población total de nueve millones 206 mil 429 personas.
Reveló que a partir de las investigaciones y análisis efectuados, se advirtió una situación permanente de violación al derecho humano al trabajo y además de condiciones laborales precarias, bajos salarios, ausencia de prestaciones y diferencias salariales entre hombres y mujeres.
Además, hay ausencia de condiciones de seguridad e higiene y del derecho a la seguridad social.
Identificó también como principales omisiones la implementación de un programa de apoyo al empleo que permita acceder al trabajo digno; la de la autoridad laboral para supervisar las condiciones de trabajo de las personas jornaleras agrícolas, así como las medidas de seguridad e higiene.
Además de garantizar el interés superior de la niñez en el contexto del trabajo agrícola o de supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social de quienes emplean a las personas jornaleras agrícolas.
Entre otras de las omisiones figura visibilizar la falta de coordinación interinstitucional entre las autoridades laborales de los ódenes federal y local, así como entre las distintas dependencias, a quienes les compete la salvaguarda y satisfacción de los derechos de ese sector.
Especificó que entre las recomendaciones se encuentra establecer mecanismos de prevención de delitos, así como la recepción de denuncias, quejas e inconformidades, accesibles y culturalmente adecuados.
Así como incrementar el registro de patrones del campo y personas jornaleras agrícolas afiliadas al Seguro Social; fortalecer el programa de apoyo al empleo, particularmente en las acciones dirigidas a la población jornalera agrícola; elaborar un diagnóstico nacional en relación con esa población y cumplir los acuerdos adoptados en la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, entre otros.
