"El discurso de Elsa Méndez contiene mensajes discriminatorios para los integrantes de la comunidad LBGTI, violenta el derecho a la igualdad y el trato digno de dicho colectivo y, por lo tanto, pone de manifiesto que el actuar de la servidora pública no se encuentra en sintonía con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, estableció el organismo.
A la legisladora panista se solicitó que en su carácter de diputada, exhiba en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la recepción del documento, con fecha del 27 de junio de este año, un proyecto de Acuerdo de Responsabilidad.
Además, se le invitó a que se sume a la construcción de un país incluyente, en donde todas las autoridades, de todos los ámbitos pugnen por el respeto, protección y promoción progresiva de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna.
Una vez presentado el proyecto de Acuerdo de Responsabilidad, éste deberá ser evaluado por el visitador general, quien tendrá un plazo de quince días para aceptarlo o rechazarlo, analizando si la declaratoria de responsabilidad de hechos se ajusta a las investigaciones realizadas, así como la pertinencia de las medidas tomadas y las políticas propuestas.
De ser aceptado, la Defensoría vigilará el cumplimiento del acuerdo y realizará una evaluación, según el plazo definido en el cronograma incluido en el mismo. De considerarse que el acuerdo ha sido incumplido a la fecha de evaluación, la autoridad podrá solicitar una prórroga de hasta sesenta días, por una única vez.
De ser rechazado, la Defensoría deberá comunicar a la autoridad las razones de dicho rechazo, de manera que la autoridad pueda incorporar las observaciones en una segunda propuesta.
En este caso, la autoridad contará con diez días posteriores a la notificación del rechazo para presentar la segunda propuesta. El rechazo de la segunda propuesta agotará la vía del acuerdo de responsabilidad, continuándose el expediente como se considere pertinente.