"Nada más se le concedió la suspensión condicional al proceso y estaremos pendientes de la resolución final, no tenemos ahí mayor dato",añadió.
De esta forma, aclaró que no se le dictó prisión preventiva oficiosa a la imputada al tratarse de un delito menor.
"Su sanción en este caso es mínima por lo tanto no hay prisión preventiva oficiosa, solamente está vinculada a proceso y tiene que estar registrando el plazo de libertad que tiene en lo que se resuelve su situación definitiva en sentencia en su momento", abundó.
Recordó que la sanción por el delito de peculado es de tres meses a tres años de prisión, según el artículo 267 del Código Penal del Estado de Querétaro.
Este señala que comete el delito de peculado el servidor público que para provecho propio o ajeno, desvíe o sustraiga dinero, valores o cualquier otro bien perteneciente a los Poderes, dependencias o entidades de la administración pública del Estado, de un municipio o de un particular, si por razón de su cargo lo hubiere recibido en administración, en depósito, en resguardo, o por concepto de fianza u otra causa.
"Ella era del Estado; en funciones, si no fuera funcionaria no podría ser peculado; es de tres meses a tres años de prisión", abundó.
Asimismo, indicó que en lo que se resuelve su situación jurídica tiene que acudir a firmar periódicamente ante la autoridad, esto como parte de una medida cautelar que le impuso el Juez de Control durante la audiencia inicial.
Rosillo Garfias, señaló que este expediente le fue turnado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el pasado 13 de abril por parte de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
La titular del Poder Judicial, sostuvo que en lo que va de este 2018 es el primer caso que se tiene de delito de peculado cometido por un servidor público del Gobierno Estatal.