Señaló que a pesar de que se ha identificado a los responsables, solo a una de ellos se le dio prisión y luego de seis meses salió en libertad, mientras que los otros dos responsables siguen libres, por lo que consideró han existido diversas irregularidades en la investigación, así como omisiones que no han permitido que se esclarezca plenamente el caso y sea impartida la justicia.
Lo anterior, porque uno de los responsables había confesado haber ejercido violencia sexual contra Carmen desde tiempo atrás, mientras que se omitió en la investigación testimonios de testigos que dan cuenta de que los responsables estuvieron en el lugar de los hechos presuntamente limpiando el lugar para evitar dejar evidencia física.
Todo esto dijo que ha sido ignorado por las autoridades judiciales, a las cuales también responsabilizan por poner en aviso a los homicidas y ser parciales favoreciendo a los agresores.
Apuntó que en la Sierra Gorda no existe ningún acceso a la justicia y las autoridades estatales se aferran a continuar dando una imagen de seguridad que no existe.
“Las irregularidades en el manejo de las evidencias, el no tomar en cuenta los antecedentes de violencia que ella sufrió, la no impartición de justicia real, no investigar a funcionarios públicos que de manera negligente han fugado información, poniendo sobre aviso a los agresores y la criminalización de Carmen son actos discriminatorios”.
Insistió en que el crimen sea clasificado como feminicidio y no como homicidio, ya que es claro que Carmen fue asesinada por ser mujer, finalmente dijo que hay por lo menos otros dos casos de homicidios impunes en la Sierra Gorda, que hasta el momento no se ha obtenido justicia.
