A partir de ahora se denominará Ley de Protección a Víctimas y Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Querétaro; de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro.
La diputada Abigail Arredondo Ramos recordó que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2018 cerró con 273 mil 817 personas que fueron víctimas de un delito.
De esta cifra, aclaró, 88 por ciento fueron delitos de alto impacto que ponen en peligro la vida o la integridad de los mexicanos como los delitos de homicidio, lesiones y feminicidios, entre otros.
“Estas cifras son preocupantes y exigen el actuar de las instituciones para hacer frente a dicha problemática, pues no podemos aceptar que los ciudadanos vivan con miedo o incertidumbre”.
Aseguró que se deben fortalecer los mecanismos preventivos y las corporaciones de seguridad para evitar este tipo de conductas sigan afectando gravemente a la sociedad, pero además se deben afrontar la otra cara de la moneda, es decir, la función reparadora del estado en beneficio de quienes han sido víctimas de un delito.
“La revictimización que muchas veces sufren en el proceso penal adiciona el sufrimiento que experimentan con el delito se ven inmersos en procedimientos engorrosos y tardíos que terminan por acentuar la angustia, estrés, depresión o marginación que vive el afecto al revivir los hechos ocurridos”.
Frente a ello, explicó que, las instituciones no pueden ser indiferentes, sino que deben aplicar políticas públicas con sentido humanitario y de protección a la integridad de la víctima como sujeto primordial de las funciones de seguridad.