El 24 de diciembre un grupo de artesanos indígenas y servidores públicos, protagonizaron una gresca que dejó como saldo ocho inspectores lesionados, tres de ellos de gravedad.
“La ley no distingue sectores de la población y la ignorancia de la misma a nadie beneficia, de todos es sabido que en todo el país, las comunidades indígenas han crecido y se han regido bajos sus usos y costumbres, las cuales siempre se respetan, pues tienen figuras de autoridad y saben los canales y lineamientos que deben seguirse”.
Por un lado, explicó, la autoridad aplicó la ley, por lo que esta, siempre debe justificar su actuar.
“Hasta dónde sabemos, la autoridad municipal actuó apegado a Derecho y por las celebraciones de estas fechas lo que se pretende es que las plazas públicas estén libres, por lo que se les pidió que se retiraran para que pudieran realizarse las fiestas decembrinas, pero sino fuera éste el caso la autoridad tendría que justificar su actuar”.
El legislador aseguró que la forma en que este grupo de artesanos indígenas, quienes en su mayoría provienen de la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero, debió ser a través de los canales de comunicación para dar seguimiento a sus peticiones.
“Ellos debieron seguir el cause legal, que era el acercamiento con la autoridad, el orden, el respeto y a través de sus representantes hacer la petición formal para que los ubicaran en un lugar para que pudieran trabajar”.
Recordó que dentro de las garantías constitucionales está la reunión pacífica y pública y la otra de libre expresión, sin embargo los manifestantes confundieron el derecho que tienen al trabajo el cual se encuentra enmarcado en el artículo 5to constitucional.
“El problema fue que esta manifestación que según estaban haciendo era a través del ambulantaje por eso es que se confundió el derecho que tienen a trabajar como comerciantes, sin embargo, todos los trabajos requieren de ciertos lineamientos como son los permisos y más en el caso del ambulantaje.
“Ellos debieron que también cumplir con el reglamento municipal y acercarse con las autoridades municipales para hacer la forma petición y esperar respuesta a través del diálogo, pues cuando este se cierra las autoridades aplican la normativa como en este caso fue proceder al decomiso de la mercancía”.
Destacó que el actuar de la autoridad estuvo apegado a Derecho, dentro de sus atribuciones y justificando una causal de su y siempre respetando los derechos humanos de este sector de la población.
Confío en que por el bien de los artesanos indígenas se pueda llegar a un acuerdo para evitar que esta situación se vuelva a registrar.