El Presidente de la Comisión y creador de las propuestas, Héctor Magaña Rentería indicó que en materia de transparencia y rendición de cuentas se pretende reformar el artículo 134 de la constitución federal, con la finalidad de que todo servidor público esté obligado a desempeñar su encargo conforme a la naturaleza del mismo y que rindan cuentas por el manejo de los recursos públicos y de los resultados obtenidos, de conformidad con sus planes y programas correspondientes.
El segundo punto relacionado con los requisitos de elegibilidad para cargos de elección popular, busca que se establezca en nuestra constitución federal como requisito para ser Presidente de la República y diputado federal, haber presentado su declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal.
La misma se deberá de presentar 90 días antes al día de la elección y que se incluyan los actos jurídicos relativos al patrimonio realizados dentro de los 3 años anteriores al día de la jornada electoral, además de garantizar no haber sido condenados por delitos relacionados con hechos de corrupción, ni por delitos dolosos.
La propuesta busca que posteriormente estos requisitos también se lleven a cabo en los estados para los cargos públicos a gobernador, diputados locales e integrantes de los ayuntamientos.
El tercer punto aprobado fue en materia de gestión del legislador, para eficientar los procesos y tiempos de respuesta que los diputados deben de realizar, luego de una solicitud ciudadana determinada, indicó Magaña Rentería.
“Se pretende reformar el artículo 73 de la constitución federal con la finalidad de abonar a eficientar los procesos y tiempos de respuesta en la gestión llevada a cabo por los legisladores con la autoridad correspondiente, pues es evidente que casi siempre el primer contacto de los ciudadanos es a través de los legisladores, los que a su vez canalizan sus necesidades a la autoridad competente, de ahí la necesidad de fortalecer la labor de gestión legislativa para darle mayor fuerza y reconocimiento jurídico entre las diferentes autoridades que integran el estado mexicano”.
Finalmente el legislador consideró que las propuestas aprobadas responden a las demandas de la ciudadanía que pide estructuras legales que garanticen el respeto a los derechos humanos, fortalezcan las instituciones y preserven el estado derecho.