Dijo que directamente la fiscalía toma medidas precautorias o preventivas, donde existen riesgos de seguridad o integridad al menor, y que la autoridad competente toma cartas en el asunto, de la mano de la Procuraduría estatal y municipal.
Señaló que por lo regular los casos se persiguen por denuncia ciudadana o por conocimiento de hechos que la misma fiscalía tiene, y pone alos menores a disposición del DIF Estatal.
“Por parte de la Procuraduría estatal y municipal, se lleva a cabo un procedimiento de atención del cuidado de niños, niñas y adolescentes, en la que la Fiscalía toma las medidas precautorias o preventivas”, indicó.
Rangel Contreras puntualizó que el 80 por ciento de los niños institucionalizados en el albergue, son principalmente de municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora y San Juan del Río.
Mientras que el 20 por ciento restante son de los demás municipios, presentándose diferentes tipos de delitos, como golpes y maltratos.
“El motivo principal de la puesta a disposición es un delito que se llama omisión de cuidados, y la fiscalía lo denomina como hechos presumibles constitutivos del delito, ya que pasa por un proceso de investigación antes de que lleguen a nosotros”, describió.
Puntualizó que se realiza trabajo social con especialistas, para conocer lo que pasa con las personas que se encuentran alrededor del menor, además de estar coordinados con las procuradurías municipales.
“Puedo decir que en particular con San Juan del Río, se tiene una relación extensa y coordinada; reconocemos el trabajo que la presidenta municipal Male Ruiz y su equipo han tenido, son de gran ayuda”, finalizó.