Indicó que son alrededor de 60 centros de rehabilitaciónlos que ofrecen tratamientos ineficaces, por lo que se buscará la regularización de los sistemas de atención y en su caso el cierre total de estos centros.
“Si hay alrededor de 55 a 60 que honestamente debiesen cerrar y lo que estamos buscando es precisamente las herramientas jurídicas para poderlo hacer, no se trata de un berrinche, tenemos que tener un marco jurídico adecuado para esto”, aseveró.
El funcionario señaló que dentro de los 90 anexos existen más de mil 800 personas internadas, de las cuales una tercera parte no son consumidores; son los llamados “niños ingobernables”, menores que son internados por sus padres a consecuencia de la mala conducta que presentan.
De igual forma dijo que otra parte son gente que tienen trastornos mentales, como esquizofrenia o bipolaridad.
“Simplemente van y lo depositan en lugar de estos, ante la falta de hospitales psiquiátricos o de albergues, los únicos lugares que quedan son los famosos centros de tratamiento o anexos”, afirmó.
Asimismo Tamborrel Suárez refirió que el 95 por ciento de los internos se encuentran en contra de su voluntad y no quieren un tratamiento de aislamiento, ya que existen métodos alternos para trabajar su adicción, por lo que se violentan los derechos humanos.
Finalmente dijo que alrededor del 80 por ciento de las personas que inician un tratamiento lo concluyen satisfactoriamente.
“Hoy en un anexo 95 por ciento de los internamientos son involuntarios, las personas no se quieren anexar y estas personas están privados de manera ilegal de su libertad, un familiar firma la responsiva que estrictamente no tiene validez jurídica”, apuntó.