Crisis en Guatemala corrupción ronda en círculo de Jimmy Morales

Guatemala, 16 Ene (Notimex).- El presidente Jimmy Morales enfrenta serios cuestionamientos por la corrupción en Guatemala, pues aunque prometió combatirla, ahora mantiene una persecución contra la Comisión Internacional Contra la Corrupción (CICIG), quebrantando el orden constitucional.

Las calles guatemaltecas han sido escenario de multitudinarias protestas de indignación luego de que Morales dio por terminada –de manera unilateral- la misión de la CICIG, después de que las investigaciones del organismo comenzaron a apuntar hacia el mismo mandatario y su familia.

Apenas el pasado lunes, en medio de protestas, Morales brindó su tercer informe de gobierno y resaltó avances en distintos ámbitos como educación y salud, pero nada mencionó sobre la corrupción ni la CICIG, organismo de las Naciones Unidas (ONU) que comenzó su trabajo en el país en 2007.

Guatemala ha sufrido grandes casos de corrupción, por lo que la CICIG fue creada por un acuerdo entre la ONU y el gobierno del presidente guatemalteco Óscar Berger, para apoyar la investigación y persecución penal de aquellos implicados en ese delito en instituciones del gobierno, de justicia y tributarias.

Desde el inicio de su mandato, las investigaciones de la CICIG ayudaron a desarticular varios grupos que actuaban con total impunidad, aunque los más sonados fueron los casos de los expresidentes Alfonso Portillo, por malversación de fondos, y Otto Pérez Molina, por liderar una red de corrupción aduanera.

Durante la gestión de Morales, la comisión de la ONU continuó sus pesquisas en las altas esferas del gobierno y fue destapando otros casos. En este punto fue que comenzó la actual crisis en el país, pues esta vez las investigaciones revelaron que Morales y su familia estarían involucrados en delitos de corrupción.

Aunque el también actor de 49 años se comprometió a luchar contra la corrupción y a mantener en funciones a la CICIG, la ruptura entre el gobierno y la comisión comenzó luego de que ésta reveló un caso de fraude en el que estaban implicados el hijo y el hermano del presidente, quienes fueron detenidos en enero de 2017.

Ambos hombres estuvieron en prisión preventiva y luego quedaron bajo arresto domiciliario, y aunque niegan los cargos continúan bajo investigación.

Más tarde, otro caso involucró directamente al presidente Morales, quien en agosto del año pasado fue acusado de presunta financiación ilegal de su campaña presidencial, ya que según la investigación su partido Frente de convergencia Nacional no reportó ingresos por cerca de un millón de dólares.

Aunque Morales lo negó, el comisionado jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, sugirió que habría recibido contribuciones en forma anónima sin registrarlas en el libro contable del partido. La reacción del presidente fue rápida, lo declaró persona non grata y ordenó que su salida inmediata del país.

En agosto de 2017, la CICIG y la Fiscalía solicitaron al Congreso de Guatemala un antejuicio político para retirar la inmunidad a Morales e investigarlo, pero no se lograron los votos necesarios, y un mes después se modificó el Código Penal para “blindar” a líderes de partidos políticos de posible financiamiento electoral ilícito.

Justo un año después, se presentó otra vez la petición al Congreso pero tampoco dio resultado y enseguida Morales dijo haber notificado a la ONU que no renovaría el mandato de la CICIG, que expira en septiembre próximo, y prohibió el ingreso a Guatemala de Velásquez, quien entonces había viajado a Estados Unidos.

La decisión sin embargo fue dejada sin efecto por la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia legal del país, que aceptó un recurso de apelación presentada por un abogado independiente. Morales anunció entonces que el Estado daba por terminado el acuerdo entre la ONU y el gobierno relativo a la CICIG.

El presidente argumentó que la comisión ha extralimitado sus funciones e incurrido en “violación grave a las leyes nacionales e internacionales”, pero la CICIG aseguró el pasado 9 de enero que continuaría su misión a pesar de la salida del país de una parte de su personal por la decisión de Morales.

Analistas estiman que Morales ha buscado expulsar al propio Velásquez y a otros a magistrados en un intento de eludir sus presuntas responsabilidades en los casos de corrupción estaría descubriendo la comisión, cuyo mandato concluye el próximo 3 de septiembre.

Las críticas a Morales estallaron tanto a nivel nacional como internacional, sin embargo, el presidente guatemalteco asegura mantener su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad.