Márquez, fue el jefe del equipo negociador de las FARC del Acuerdo de Paz que fue firmado con el anterior gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre del 2016 y Montero es reconocido por dirigir grandes atentados en Colombia.
Los dos ex jefes rebeldes se encuentran desde hace varios meses en sitios desconocidos por las autoridades y por la dirigencia en Bogotá del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), y pueden perder los beneficios del Acuerdo de Paz, sino comparecen ante el tribunal de la Justicia para la Paz (JEP).
“Pese a que el Acuerdo de Paz fue destrozado por depredadores sin alma, nuestro sueño sigue siendo la paz de Colombia”, señalaron en la carta dirigida a la Comisión de Paz del Congreso de Colombia.
Sostuvieron que “al menos tres actos de insensatez empujaron la esperanza tejida en La Habana al taciturno abismo de los procesos de paz fallidos: la inseguridad jurídica, las modificaciones al texto original de lo convenido y el incumplimiento de aspectos esenciales del Acuerdo”.
“Sin duda - agregaron - la inseguridad jurídica tocó techo con la detención de Jesús Santrich con fines de extradición mediante montaje judicial", urdido por el fiscal general, el embajador de Estados Unidos y la Agencia Estadunidense Antidrogas (DEA)”.
Sostuvieron que “esta decisión delirante concebida para sabotear la paz terminó ahuyentando la poca confianza que aún quedaba en los excombatientes. Debemos reconocer que la Fiscalía General de la Nación se ha convertido en una fábrica de mentiras para empapelar judicialmente a mucha gente, y en el caso que nos ocupa, a los principales negociadores de paz de la guerrilla”.
“Estamos frente a un descarado abuso en el ejercicio del poder, mezclado con una rendición inaceptable de nuestra soberanía jurídica a una potencia extranjera (…) Pero, ¿qué gana Estados Unidos aplastando la paz de Colombia? Muy poco ha contribuido a fortalecerla”, señalaron los exguerrilleros.
Subrayó la misiva que “el acuerdo tuvo una falla estructural que pesa como pirámide egipcia que fue haber firmado, primero, la Dejación de las Armas, sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros”.
“Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vélez (Fundador de las FARC) siempre nos había advertido que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos”.
Denunció que “hoy a los guerrilleros los están matando uno a uno en medio de la indiferencia de las autoridades, e igual sucede con los líderes sociales cuyo sacrificio parece no tener fin. Tengan en cuenta que hasta el sol de hoy no se ha producido ningún desembolso para financiar proyectos productivos en los Espacios Territoriales”.