En una resolución aprobada por 21 países del Consejo Permanente, la OEA se pronunció igualmente a favor de que haya cambios en el calendario electoral para posibilitar elecciones presidenciales adelantadas.
Además, urgió al gobierno del presidente Daniel Ortega y todas los actores involucrados a participar “activamente y de buena fe” en el diálogo nacional como un mecanismo para la búsqueda de una solución pacifica a la crisis.
La resolución fue repudiada por el gobierno nicaragüense en voz de su canciller, Denis Moncada, quien presentó otro proyecto de resolución que exculpaba a su gobierno de toda acción violenta.
“Desconocemos desde ya cualquier resolución condenatoria contra el gobierno de Nicaragua por ser ilegal, ilegitima, injusta y carente de objetividad, carente de espíritu constructivo con un país que forma parte de la comunidad de América Latina”, destacó.
Moncada denunció que el Consejo Permanente ha perdido este carácter y se ha convertido en un tribunal, "una santa inquisición medieval" que ha optado por condenar a un gobierno, que -aseguró- es hoy blanco de un intento de golpe de estado "suave".
“El Consejo Permanente está cometiendo una injusticia y un desacierto politico y diplomático”, expuso.
El también embajador de Nicaragua ante la OEA presentó un video de 10 minutos con imágenes de cuerpos quemados en la calle, torturas en contra presuntos simpatizantes sandinistas, y denuncias contras miembros de la Iglesia católica, con el propósito de "ilustrar" a los embajadores de la situación en su país.
También ofreció un proyecto de resolución, en gran medida exculpatorio de su gobierno, que fue derrotado con el voto de 20 países, en tanto que ocho más optaron por abstenerse, logrando sólo el respaldo tres, incluyendo la propia Nicaragua.
La resolución adoptada por el Consejo condenó los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el Diálogo Nacional y los actos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).
La instancia de la OEA exhortó al gobierno nicaragüense a considerar todas las opciones para implementar las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral del organismo, “y que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente” en el marco del diálogo nacional.
Manifestó igualmente su apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los actos de violencia, al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), así como la iniciativa para fortalecer las instituciones democráticas ofrecida por la Secretaría General de la OEA.
Solicitó el apoyo a la CIDH, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al secretario general de la OEA y la Unión Europea, para que acompañen las labores de la Comisión de Verificación y Seguridad.