El retraso en la sentencia se debe a que Boudou, quien fue vicepresidente del país durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner de 2011 a 2015, impugnó a Pablo Bertuzzi, uno de los tres jueces que definirá con su voto si es inocente o culpable.
Los abogados de Boudou advirtieron posible parcialidad del juez ya que el gobierno del mandatario Mauricio Macri lo postuló como candidato para integrar la Cámara Federal de Buenos Aires, aunque finalmente no llegó a ocupar el cargo.
Según los defensores, el macrismo tiene un interés especial en que Boudou sea condenado, ya que el juicio forma parte de lo que diversos exfuncionarios kirchneristas califican como una persecución política y judicial.
Más allá de estas consideraciones, el juicio se reanudará el 7 de agosto con las últimas palabras de los acusados y una semana después se dará a conocer la sentencia.
Boudou fue ministro de Economía de Fernández de Kirchner de 2009 a 2011 y luego su vicepresidente, pero su carrera política se terminó a principios de 2012, cuando un programa de televisión denunció un caso de corrupción que lo tenía como protagonista.
El economista fue acusado de comprar Ciccone Calcográfica, la mayor imprenta de billetes del país que estaba en quiebra y que fue adquirida en 2010 por la firma The Old Found encabezada por Alejandro Vanderbroele, quien está acusado de operar como su prestanombre.
En ese momento Boudou todavía era ministro de Economía del primer gobierno de Fernández de Kirchner y logró que Ciccone imprimiera las boletas de las elecciones presidenciales de 2011.
Un año más tarde, cuando ya era vicepresidente, la empresa obtuvo un contrato por 140 millones de pesos (unos 35 millones de dólares de la época) para imprimir los billetes de 100 pesos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció en sus alegatos que Boudou usó su cargo “para torcer el destino de Ciccone en función de sus intereses" y beneficiar a una empresa que mantenía en alianza con su socio, el empresario José María Núñez Carmona.
Aseguró que ambos armaron un negocio en el que el Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) maniobraron para que Ciccone fuera contratada por el Estado.
El organismo también aseguró que Boudou buscó la impunidad por todos los medios, operando incluso para que echaran a Esteban Righi como procurador general de Argentina, quien estaba avanzando en la investigación en su contra.
Marcelo Colombo, fiscal del caso, y la Oficina Anticorrupción pidieron una pena de cinco años y seis meses de prisión para Boudou, en tanto que la UIF solicitó una condena de seis años y su inmediata detención.