Vargas sostuvo que una investigación con fiscales especializados en lavado de activos y enriquecimiento ilícito “determinó la relación de nueve países en el decomiso de las 400 toneladas de alimentos ilegales que iban con destino a Venezuela”.
“Hay involucradas más de 23 empresas, 10 de ellas directamente relacionadas con transporte de alimentos, y las otras, muy probablemente, y así lo determinará la investigación, con el lavado de dinero y enriquecimiento ilícito”, dijo el oficial.
Además “hay 31 personas naturales involucradas hasta el momento, 26 personas jurídicas, algunas de estas personas están en Colombia y otras en Europa y en países de Centroamérica”, señaló.
Dentro del proceso judicial adelantado por la Fiscalía General de Colombia, la Policía Nacional y la Policía Fiscal y Aduanera se halló “información de 46 cuentas bancarias en donde se han movido más de 29 millones de dólares hasta el momento”, indicó el director de la policía judicial.
El director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos (Invima), Javier Humberto Guzmán Cruz, señaló por su parte que los alimentos aprehendidos incumplían con los requisitos sanitarios exigidos.
“Estos eran mercados organizados en cajas individuales, había más de cinco mil cajas. Interna y externamente todos los mercados estaban con plagas. Había plagas al interior del empaque primario, alrededor de las cajas, de las estibas, de los contendores. Ninguno de estos productos era apto para consumo humano y por eso sanitariamente dimos el parte de inconformidad para proceder a su disposición final”, sostuvo.
Productos como harina, azúcar, pasta y arroz, entre otros, iban a ser distribuidos por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, creados por el Gobierno de Venezuela, denunció la víspera el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.