La Sala Plena del TSJ admitió la solicitud de un antejuicio de mérito contra la fiscal, el cual fue solicitado por el diputado oficialista Pedro Carreño, que en sus alegatos acusó a Ortega Díaz de haber violado la Constitución y sugirió que está afectada por insania mental.
El procedimiento incluye una citación pública a Ortega Díaz y Carreño para que expongan sus alegatos, aunque está pendiente la fecha de tal audiencia.
La acción vino después que la jefa del Ministerio Público emprendió una serie de acciones legales contra recientes sentencias del máximo tribunal y presentó un recurso para anular la Asamblea Constituyente que convocó el presidente Nicolás Maduro para reformar la Carta Magna.
La ponencia del antejuicio, a cargo de la magistrada Marjorie Calderón, presidenta de la Sala de Casación Social, admitió la posibilidad de someter a Ortega Díaz a un procedimiento que podría terminar en su destitución.
Siempre fue una fiscal fiable para el oficialismo. Ahora recibe calificativos de traidora.
El líder de la Asamblea Nacional (Congreso), el opositor Julio Borges, advirtió que el foro legislativo es el único que puede discutir y aprobar la destitución de la fiscal, cuya designación pasó por la consideración de la cámara.
Asimismo descartó que la Asamblea considere remover a Ortega Díaz, quien tiene ahora otra visión del oficialismo después de acompañarlo en sus líneas, luego de haber calificado de ruptura del orden constitucional las sentencias que el TSJ aprobó a fines de marzo para despojar de sus funciones legales a la Asamblea Nacional, con mayoría opositora.
"La Fiscal está siendo asediada por la dictadura. Le mandamos un mensaje de apoyo total desde la MUD y el pueblo", señaló Borges.
El propio Maduro alertó esta semana en varias intervenciones públicas sobre las acciones de “traidores y traidoras”, sin mencionar el nombre de Ortega Díaz.
La fiscal calificó de “grotesco” el procedimiento en su contra y alertó que sobre el país "se cierne un oscuro panorama de destrucción”.
“Se anuló al poder Legislativo y se quiere anular el Poder Moral (compuesto por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General). Se dictan sentencias que son inacatables", alegó.
Además señaló que "hay parcialidad de los tribunales para los casos que amenazan la estabilidad del oficialismo".
Otra noticia que acaparó titulares durante la semana fue el anuncio de Maduro de relevar a los jefes de las cuatro fuerzas castrenses del país, aunque ratificó para su cuarte año de ejercicio al general Vladimir Padrino como ministro de Defensa.
El cambio más relevante fue el del mayor general Antonio Benavides, quien salió de la jefatura de la Guardia Nacional, la fuerza encargada de mantener el orden y enfrentar las manifestaciones y que ha sido denunciada por presuntas violaciones de los derechos humanos.
Al respecto designó como nuevo jefe de la Guardia Nacional al mayor general Sergio Rivero, quien se inició en el cargo el miércoles y el día siguiente, en una manifestación opositora, murió un joven de 22 años de un tiro, pese a las afirmaciones de Maduro de que las fuerzas del orden tienen prohibido usar armas de fuego.
La muerte del joven subió a 76 el número de víctimas mortales en más de dos meses de protestas contra el Gobierno.
Maduro agradeció a los jefes de las fuerzas la "lealtad, disciplina, compromiso y liderazgo" mostrados al frente de sus funciones.
El líder opositor Henrique Capriles alertó que los cambios de mandos militares podrían generar más represión.
En la semana, Maduro siguió en campaña por su Constituyente, que es rechazada por la oposición. Al respecto, amenazó con cárcel a cualquier dirigente opositor que intente obstaculizar o sabotear las elecciones del 30 de julio para escoger a los 545 miembros de la Constituyente.
La organización defensora de derechos humanos Provea señaló que la crisis venezolana se caracteriza por la arbitrariedad, la represión, la violaciones a los derechos humanos y el desconocimiento de la Constitución.
“El Estado de Terror, lamentablemente, favorece escenarios de violencia al cerrar espacios para la protesta pacífica y para la canalización de los reclamos y exigencia de derechos en las instituciones públicas”, dijo.
Al respecto responsabilizó al Ejecutivo y al TSJ de auspiciar la conflictividad e incrementar el descontento de la población que siente que no hay ninguna voluntad política para escuchar sus exigencias, observando cómo se viola desde el poder la Constitución y las leyes”.