Colocada por decisión propia a la cabeza de los opositores dentro del propio gobierno de Maduro, la fiscal Ortega ha presentado sendos recursos para invalidar la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la carta magna de 1999, el conocido documento impreso en miniatura por el fallecido presidente Hugo Chávez que la creó.
La fiscal dijo que se trata de un mecanismo que no cumple las leyes y que viola derechos humanos, pues el pueblo no fue convocado para decidir si activa o no el mecanismo.
Además, "Ortega pidió la anulación de la designación de 33 magistrados del TSJ, por presuntos vicios en el proceso de nombramiento en diciembre de 2015, y presentó otros recursos contra la Constituyente de Maduro".
La sentencia sobre el antejuicio contra Ortega, con ponencia de la magistrada Marjorie Calderón, presidenta de la Sala de Casación Social, arguye que la decisión fue tomada según al artículo 279 de la Constitución.
Esa normativa establece los mecanismos con que pueden ser removidos los integrantes del Poder Moral, compuesto por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General.
A solicitud del oficialismo, el TSJ puso en marcha con su decisión el mecanismo que podría desembocar en la posible remoción de Ortega como jefe del Ministerio Público. El pleno del Tribunal Supremo le notificó la noticia a Ortega y al impulsor del antejuicio, el diputado oficialista Pedro Carreño, tras declararse facultada para iniciar el procedimiento.
En tanto, la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, recordó que el ente legislativo es el único al que corresponde emprender una acción contra la fiscal, según indicó el primer vicepresidente del legislativo, Freddy Guevara.
El líder legislativo Julio Borges señaló que para enfrentar esta decisión del TSJ la oposición entrará en una "fase decisiva de la lucha por la democracia", y llamó "a todo el país a unirnos en la sustitución del régimen".
Ortega es acusada de “traidora” por el oficialismo desde que en abril pasado calificó como una ruptura del orden constitucional una decisión del TSJ de despojar a la Asamblea Nacional de sus atribuciones legales, en un fallo que luego fue retirado, y luego por su oposición a la Constituyente.
Carreño solicitó la semana pasada al TSJ iniciar el procedimiento de destitución de la fiscal, la congelación de sus bienes y prohibir su salida del país, y este martes la Sala Plena se declaró en sesión permanente para estudiar las medidas solicitadas.
Mientras eso sucede, el presidente Maduro ratificó en el cargo que ocupa desde 2014 al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, y sustituyó a todos los jefes de las fuerzas militares.
Como parte de las medidas de relevo, el presidente sustituyó al jefe de la Guardia Nacional (policía militarizada), mayor general Antonio Benavides, quien ha sido objeto de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos por supuesta violación de derechos humanos, por el mayor general Sergio Rivero.
Como jefe de las Milicias, un cuerpo de civiles que apoya en las tareas de las fuerzas militares, designó al mayor general Luis Tellería, en sustitución del general César Vegas, entre otros nombramientos.
"Gracias Benavides. En los próximos días irá a nuevas responsabilidades y en los próximos meses a nuevas batallas", señaló Maduro, quien agradeció el desempeño del oficial en estas "horas difíciles y complejas" de protestas, las cuales comenzaron en abril pasado y han dejado 75 muertos.
Las protestas se iniciaron luego que la Asamblea Nacional (congreso unicameral), de mayoría opositora, acusó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de haber dado un golpe de Estado con dos sentencias que la despojaron de sus atribuciones.
Ante los nuevos mandos militares, Maduro insistió en que la Asamblea Constituyente que convocó para reformar la Carta Magna es el "único camino a la paz" en medio de las protestas.
La oposición rechaza la Constituyente de Maduro con el argumento de que es un fraude, y ha manifestado que tampoco participará en las elecciones de sus 545 miembros, previstas para el próximo 30 de julio.
En tanto, datos publicados por el gobierno de Brasil dieron cuenta de que los venezolanos fueron en 2016 los ciudadanos extranjeros más numerosos en pedir asilo en el gigante sudamericano, superando a los haitianos y a los africanos.
Los datos, dados a conocer en el marco del Día Mundial del Refugiado, indican que en 2017 el número de demandantes crecerá exponencialmente ante la severa crisis política y económica en Venezuela. En 2016, tres mil 375 venezolanos pidieron refugio en Brasil, un aumento superior al 300 por ciento respecto a 2015.
En segundo lugar se ubicaron los cubanos (mil 370 personas) y después los angoleños (mil 353), mientras los haitianos –que habían liderado la lista de refugiados durante años tras el devastador terremoto de 2010- cayeron drásticamente.
La crisis política en Venezuela provoca preocupación en Brasil, país que teme en su frontera norte una oleada migratoria de venezolanos huyendo de la violencia y la inestabilidad.
Datos del Ministerio de Justicia de Brasil señalan que en los primeros cinco meses del presente año el número de solicitudes de asilo de venezolanos duplicó todas las de 2016, hasta superar los ocho mil demandantes.
Brasil, que comparte más de dos mil kilómetros de frontera con Venezuela, teme que un recrudecimiento de la violencia política en el país vecino, donde ya murieron 75 personas en las protestas y miles fueron heridas, cause un flujo de emigrantes por el Amazonas hacia su territorio.