Dominicana: Delitos de drogas sin violencia no merecen prisión

Santo Domingo, octubre (SEMlac).- En ningún caso mujeres acusadas por delitos de drogas no violentos deberán ir a prisión, ya que no representan una amenaza para la sociedad.

Esta fue la promesa de la ministra de la Mujer de este país, Janet Camilo, al intervenir en la VI Conferencia Latinoamericana y I Caribeña sobre Políticas de Drogas, que se celebra aquí.

Camilo señaló que en Dominicana, al igual que muchos países en la región, el abordaje del tráfico de drogas se ha hecho solo desde la penalización. "Es como que el Estado dominicano no tiene conciencia de que tenemos que trabajar desde la prevención", dijo.

La titular señaló que tienen como objetivo que, en ningún caso, mujeres acusadas por delitos de drogas no violentos vayan a prisión, ya que la mayoría no significan una amenaza para la sociedad y agregó que "reducir la población femenina carcelaria es prioridad del Presidente de la República".

Durante el primer día de la Conferencia Latinoamericana, se llevó a cabo el Panel Políticas de drogas y el derecho de acceso a la justicia
"Muchas mujeres son privadas de sus familias y de sus derechos al ser encarceladas".

Así expertas de diversos países señalaron que las respuestas punitivas a los delitos de drogas siguen siendo un factor decisivo en el aumento de la población carcelaria, trayendo aparejado condiciones infrahumanas de detención.

Priscilla Chávez Méndez, vocera de mujeres encarceladas por delitos menores vinculados a las drogas de Costa Rica, relató los pesares atravesados cuando fue detenida por un delito de drogas, actividad que tuvo que realizar por la desesperación de mantener a sus cuatro hijos.

"Muchas mujeres son privadas de sus familias y de sus derechos al ser encarceladas", dijo Chávez Méndez y se quejó de "las situaciones vulnerables que te llevan a cometer estos actos", "no abrimos los ojos a tiempo", reflexionó.

María Cristina Meneses Sotomayor, defensora pública penal de Ecuador, señaló que "las reformas de drogas en su país han admitido criterios para que la normativa penal mantenga al margen a personas con poca cantidad de sustancias prohibidas y se dejen en libertad".

También destacó que "el porcentaje de mujeres encarceladas en Ecuador disminuyó un 43 por ciento".
Por su parte, Zhuyem Molina Murillo, defensora pública de Costa Rica a cargo de la Unidad de Género Penal e Incidencia legislativa, indicó que la reforma a ley 9161 entendió que los derechos eran lo primordial.

"Esta fue la principal herramienta para la liberación de cientos de mujeres como Priscila Chávez y permitió reunirlas con sus familias, ya que muchas de estas mujeres no tuvieron oportunidades antes de cometer el delito".

Para la funcionaria, "el gran desafío es la proporcionalidad de las penas, los derechos humanos, seguir estudiando e investigando y contar con estas historias como la de Priscila que tocan corazones".