Acceso a justicia para indígenas guatemaltecas puede demorarse

México, DF 8 abr 13 (Cimacnoticias).- El acceso a la justicia para las mujeres indígenas guatemaltecas asesinadas, torturadas y violentadas sexualmente durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt, podría demorarse toda vez que la Corte de Constitucionalidad (CC) de aquél país ordenó detener el juicio que se emprende en contra del ex militar para admitir las pruebas presentadas por la defensa.

Organizaciones civiles, entre ellas la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que representan a los sobrevivientes y testigos de los crímenes -presuntamente ordenados por Ríos Montt entre 1982 y 1983- calificaron la decisión de la CC como un intento de detener el derecho de reivindicar el pasado de la población indígena guatemalteca.

El pasado 28 de enero el Magistrado del Tribunal de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resolvió de manera histórica enjuiciar por crímenes de lesa humanidad y genocidio al ex general golpista guatemalteco y su jefe de inteligencia militar, José Rodríguez Sánchez, y aceptó las más de mil pruebas de la parte acusadora.

Sin embargo debido a los constantes recursos de apelación presentados por la defensa de ambos ex militares, la CC ordenó el pasado martes a Gálvez, emitir una nueva resolución del juicio en donde se admitan las pruebas presentadas por la defensa.

El juicio se desarrolla desde el pasado 19 de marzo en el Tribunal de Mayor Riesgo A (una de las dos instancias en donde se juzgan los crímenes que representan un alto riesgo a la seguridad de los involucrados en el proceso).

En los once días que van de él, con la ayuda intérpretes y traductores, más de 90 sobrevivientes (mujeres y hombres) han relatado la crueldad con la que operaban los militares, que se presume, tenían la orden de exterminar a la etnia maya habitante de la ciudad del Quiché.

Por ejemplo, un sobreviviente, de ahora 40 años de edad, relató como a los ocho años vio a los militares asesinar a mujeres y niñas de manera brutal. “Vi cuando mataron a una anciana y los oficiales le cortaban la cabeza. Esos oficiales que le quitaron la cabeza entraron en la cocina, esos oficiales jugaban con la cabeza de la anciana y como que fuera pelota tiraban la cabeza entre los oficiales”, “a una niña le abrieron el pecho y le sacaron el corazón” contó.

Del mismo modo, al tercer día del juicio, una mujer ixil sobreviviente, relató la manera en la que asesinaron a su padre, además “a mis hermanos les quitaron la ropa y los echaron en el fuego”, “a mí me quitaron la ropa, me tiraron al río y me fracturé”.

Las declaraciones de las y los testigos también dan cuenta del uso del cuerpo de las mujeres como un arma de tortura en medio del conflicto.

Diez mujeres que en ese tiempo tenían entre 11 y 30 años de edad, narraron para evitar que este tipo de crímenes no continúe sucediendo, las agresiones sexuales que sufrieron a manos de los militares.

De ahora 46 años de edad, una de las sobrevivientes explicó cómo a los 11 años permaneció tres días en el destacamento militar de Quiché, en donde fue violada en múltiples ocasiones por los elementos del ejército que se encontraban ahí, relató cómo su madre también fue violada.

De acuerdo con la instancia ciudadana “Tribunal de Conciencia Contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres” creada en 2010 para esclarecer los crímenes cometidos durante la guerra civil guatemalteca, además de los homicidios, hubo severas repercusiones a la integridad física, el bienestar psicológico y espiritual de las mujeres y niñas, debido a que la violencia sexual fue utilizada como un arma de guerra.

Las consecuencias de los crímenes han repercutido -como lo advirtió el Tribunal- en el desarrollo e integridad de las víctimas que lograron sobrevivir, la declaración de una mujer da cuenta de ello: “teníamos susto” “muchos se murieron de susto” “ahora sigo enferma por lo que me pasó, sigo con susto, ahora cualquier cosa me asusta mi corazón”.

El juicio, que se tiene previsto dure dos meses, podría detenerse una vez que el Tribunal A sea notificado de la decisión de la CC.

La defensa quiere integrar a las investigaciones que se siguen en el juicio a ocho peritos con los que pretende demostrar que en Guatemala no ocurrió genocidio durante la dictadura militar de Ríos Montt.

Según un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) en el año 1981, cuando Ríos Montt accedió al poder mediante un golpe de Estado, nueve de cada 10 habitantes de Quiché eran indígenas ixiles que fueron obligados por las autoridades militares a unirse al ejército.

Debido a la negativa de la población, el ahora ex dictador, ordenó a las fuerzas militares considerarlos como la base social de la insurgencia argumento para llevar a cabo el genocidio.

Las al menos 15 matanzas de las que se le acusa, fueron cometidas entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983. Se estima que durante los ataques perdieron la vida mil 771 indígenas.

Montt permanece bajo arresto domiciliario desde enero de 2012, mientras que Rodríguez, está internado en el hospital militar ya que aduce problemas de salud.