Rechaza España en ONU encarar desapariciones de la dictadura

06 de Noviembre de 2013
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Ginebra, 6 Nov (Notimex).- El gobierno de España rechazó de forma categórica el llamado del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada a derogar la ley de amnistía e investigar el destino de más de 130 mil víctimas de la Guerra Civil.

"El desmontaje (de la ley de amnistía) es impensable", dijo la embajadora de España ante la ONU, Ana Menéndez, en el marco de la revisión del país en su cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Personas contra la Desaparición Forzada.

Los expertos del Comité alentaron al gobierno español a investigar desapariciones forzadas pues constituyen delitos de lesa humanidad que no tienen prescripción de acuerdo al derecho internacional y que por lo tanto no deben ser amparados por la ley de amnistía 1977.

"No se ha estado progresando tanto en los últimos años (...) en relación con su compromiso con esta materia", valoró el experto argentino y relator del Comité, Luciano Hazan.

Afirmó que "hay una suerte de desaceleración en la lucha contra la impunidad y las desapariciones forzadas en este proceso de memoria, verdad y justicia"

En el espíritu de la Convención "la lucha contra la impunidad es uno de los pilares de la prevención que es justamente lo que busca la Convención".

En relación a la cuestión humanitaria que se deriva de la búsqueda de las personas desaparecidas, Hazan consideró que "se agrava por el paso del tiempo".

Subrayó que precisamente "el paso del tiempo lo que hace es agravar la situación humanitaria de la desaparición forzada y en particular el fallecimiento de las víctimas y de los familiares de las víctimas que para la Convención son víctimas en si mismos".

Al cierre de la sesión la embajadora argumentó que "reabrir temas del pasado, dificulta el análisis concreto de las obligaciones hacia el futuro que el estado, en este caso España, ha asumido por la Convención".

En este sentido, el abogado del Estado José Luis Vianda aclaró la víspera que, aunque el artículo 131 del Código Penal establece la "imprescriptibilidad" de los delitos de lesa humanidad, esto se refiere a los crímenes de este tipo cometidos a partir de la entrada en vigor de esa medida, es decir, hace 10 años.

"Aunque consideremos las desapariciones forzadas como un delito de lesa humanidad, no tiene efecto retroactivo en base al principio de la ley penal más favorable", explicó.

Indicó que los delitos de desapariciones forzadas relacionados con el franquismo están absueltos por la Ley de Amnistía de 1977, "que extinguió las responsabilidades penales de todos los delitos de carácter político cometidos durante esa etapa".

Explicó que "derogar esa ley tendría un efecto más gravoso y no tiene sentido en nuestra cultura jurídica".

Por otra parte, la embajadora Menéndez criticó a los miembros del Comité por "su excesiva atención al pasado", cuestión que dificulta la identificación de problemas presentes y futuros .

Asimismo, argumentó que "asistimos a una duplicidad de funciones" haciendo alusión a que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada visitó España en septiembre de este año y han hecho recomendaciones similares.

"Lo que nos preocupa especialmente en este momento es que el sistema de tratados y el presupuesto de la oficina de la Alta Comisionada se encuentra en un proceso de adelgazamiento y maximización de recursos", reconoció.

Además, mostró su contrariedad por el hecho de que tanto los relatores, Hazan y el uruguayo Alvaro Garcé García y Santos y otros expertos del Comité como el mexicano Santiago Corcuera, realizaron un elevado número de preguntas relacionadas a las desapariciones de tiempos de la dictadura.

Desde febrero de 2012 la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió formalmente a España la derogación de la ley de amnistía argumentando que no cumple con la normativa internacional.

Asimismo, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas abordó este tema cuando visitó España y el día de hoy los expertos del Comité volvieron a insistir en la importancia de investigar las desapariciones y el robo de cerca de 30 mil niños en tiempos franquistas.

Al finalizar el examen, el presidente del Comité de la ONU Emmanuel Decaux abordó "la duplicidad de funciones" esbozada por la embajadora.

Aseveró que "no hay duplicidad" de los trabajos de este Comité con los del Grupo de Trabajo puesto que los dos organismos "persiguen los mismos objetivos que son el respeto de la Convención y de los principios del derecho internacional en materia de desaparición forzada".

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