Corte Interamericana analizará caso de tortura sexual contra una periodista

La periodista colombiana Jineth Bedoya Lima nunca perdió la convicción de encontrar verdad y justicia: su búsqueda la hizo como periodista, después como víctima de secuestro, tortura y violación sexual por parte de paramilitares, y ahora lo seguirá haciendo como sobreviviente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

A 19 años de ser víctima, después de testificar un sinfín de veces, de ser revictimizada y de tocar puertas en organismos internacionales, este 16 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió presentar el caso, el primero de una periodista víctima de tortura sexual, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el más alto tribunal de la región.

En entrevista desde Colombia, la Coordinadora de Defensa y Atención de Periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Luisa Fernanda Isaza Ibarra, dijo que esta será la oportunidad para que la periodista encuentre justicia, pero también será un proceso inédito para que la Corte se pronuncie sobre la situación de las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado y será el primer caso en el que se estudie la responsabilidad del Estado en un caso en el que el foco está en la violencia sexual.

El 25 de mayo del año 2000, la periodista Jineth Bedoya realizaba un reportaje cuando fue atacada en las inmediaciones de la Cárcel Nacional Modelo, ubicada en Bogotá. Bedoya, quien entonces trabajaba en el periódico El Espectador, investigaba el papel de la Fuerza Pública, la Guardia de la Cárcel Nacional Modelo y paramilitares internos en una masacre ocurrida días antes, el 27 de abril, en dicha cárcel.

El expediente de la CIDH revela que la periodista cubrió la masacre ocurrida el 27 de abril de 2000 el centro penitenciario, en la que murieron 25 internos. Días después recibió amenazas de los reclusos y el 24 de mayo de ese año recibió una llamada donde un interno le ofreció una entrevista. Ella aceptó y pidió garantías de protección, además, como medida de protección, su medio decidió que fuera acompañada por el editor judicial del periódico, un fotógrafo y un conductor.

El día pactado, Jineth Bedoya se dirigió a la entrada principal del recinto penitenciario, mientras sus compañeros se quedaron a la espera de instrucciones. Un sujeto desconocido la identificó, la jaló, la llevó a la fuerza a una casa cercana al lugar y después, junto con otros hombres, la trasladó en una camioneta a otro lugar. En el trayecto fue torturada y después de aproximadamente 16 horas fue liberada.

Aun cuando salió con vida, la periodista siguió recibiendo amenazas y el 18 de agosto de 2003 fue secuestrada nuevamente, junto con su equipo, pero ahora por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la población de Puerto Alvira. Después de 5 días fueron liberados.

Debido a la impunidad en su país y al hostigamiento de autoridades del Estado, el 3 de junio de 2011 Jineth Bedoya y sus presentantes legales de la FLIP presentaron el caso a la Comisión Interamericana En enero de 2019 la CIDH emitió su informe de fondo, declarando la responsabilidad del Estado colombiano y dictando recomendaciones para la reparación de las víctimas, pero ante el incumplimiento de las medidas el caso se envió a la Corte.

La abogada Luisa Fernanda Isaza Ibarra explicó que el organismo internacional revisará el caso considerando que se trata de una víctima que es mujer y periodista, quien ha sido obligada a testificar en varias ocasiones y enfrentar a sus agresores.

El alto tribunal regional revisará la responsabilidad del Estado colombiano en relación con las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado, las restricciones a la libertad de prensa y las dinámicas de impunidad en casos de violencia contra las mujeres. El fallo no sólo tendrá efectos para el caso en concreto, afirmó Isaza Ibarra, sino que constituirá un precedente para todo el hemisferio.

La historia de Jineth Bedoya Lima ejemplifica la conclusión del informe temático "Mujeres periodistas y libertad de expresión. Discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres periodistas por el ejercicio de su profesión", realizado en 2018 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, donde indica la impunidad es siendo la norma en los actos denunciados de violencia hacia las periodistas.

Al respecto, este miércoles 17 de julio, la FLIP y el Centro por la Justicia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), también representante del caso, reiteraron en un comunicado de prensa el llamado a la comunidad internacional a continuar con el acompañamiento.

Para la FLIP el caso tiene el potencial de poner freno a las dinámicas de impunidad generalizada en casos de violencias contra las mujeres y de restricciones a la libertad de prensa y abrir las puertas de la justicia a otras víctimas de violencia basada en género en el contexto del conflicto armado en Colombia.

La denuncia de Bedoya Lima es la primera en llegar a la CoIDH pero en el sistema de Naciones Unidas ya hubo uno similar de una periodista víctima de tortura: El 31 de julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos de ONU emitió una resolución donde pidió al Estado mexicano investigar las violaciones a Derechos Humanos cometidas contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

En la resolución de la ONU, que duró cuatro años en análisis y fue la primera que se resolvió en el sistema de Naciones Unidas por violencia cometida por funcionarios del Estado contra una mujer periodista, el organismo llamó a las autoridades mexicanas a reactivar la investigación por tortura, ofrecer una compensación adecuada a la periodista y despenalizar los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas. Anayeli García Martínez.