En conferencia de prensa en el senado, Salgado García condenó los asesinatos y expresó sus condolencias a las y los familiares de la periodista Norma Sarabia Garduza, asesinada la semana pasada en Tabasco, y del defensor ecologista, José Luis Álvarez Flores, del mismo estado.
Agregó que de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en lo que va de este año han sido asesinados ocho periodistas, mientras que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México señala que son 11 las personas defensoras asesinadas en 2019. “Las cifras muestran la crítica situación que nuestro país enfrenta en materia de libertad de expresión”, dijo.
Alertó que los ataques a las personas defensoras no sólo afectan a individuos, “sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad”.
En el caso de defensoras y defensores indígenas, sufren graves consecuencias adicionales, por su cohesión cultural y social.
“Es el momento que todos debemos decir, ¡basta! Ya no podemos recibir ataques a todos los defensores, y aparte de los asesinatos también encarcelamientos”, señaló la senadora.
El senador Álvarez Icaza agregó que nueve de las personas defensoras asesinadas este año, fueron indígenas.
La situación ha empeorado mucho desde el año pasado, con las cifras de personas asesinadas en los primeros cuatro meses del año casi alcanzando la cifra de asesinatos en todo el 2018, dijo.
“Esperábamos que el cambio de gobierno detuviera esta situación de crisis de violación a Derechos Humanos, y lo que estamos viendo es que se agrava”, denunció Álvarez.
“Si las y los defensores no están bien, no está bien la democracia de ese país”, continuó y dijo que “no estamos viendo las señales de emergencia de este gobierno, no estamos viendo que el Mecanismo de Protección actúe bien, y a todo esto se suma el ataque y el acoso a los defensores de migrantes.”
El senador consideró que existe una campaña de persecución, ataques y acoso contra personas defensoras de migrantes, incluyendo la detención y criminalización de dos defensores, el pasado 5 de junio.
Para visibilizar la situación de las personas defensoras y periodistas y solicitar diversas acciones, la senadora Salgado García, conjuntamente con la sociedad civil presentó un punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Senado en el que pide crear una mesa de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos, invitar al titular del Mecanismo de Protección, a la Comisión de Derechos Humanos y conocer las estrategias tomadas para garantizar la protección de periodistas y personas defensoras.
También exhortó a los gobiernos federales y estatales a “generar un entorno favorable” para la defensa de los Derechos Humanos y prevenir agresiones de cualquier tipo.
La defensora Obtilia Eugenio Manuel, secuestrada en su natal Guerrero durante cuatro días en febrero de este año, estuvo presente para compartir su experiencia.
Pidió que la fiscalía haga su trabajo, y que la traten “como víctima, no como delincuente. Deben investigar a la persona que denunciamos, no a nosotros”. Precisó que se necesita más protección por parte del Estado ya que ella fue secuestrada aún cuando contaba con medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el integrante de la organización civil “Propuesta Cívica”, Mario Hurtado Cardozo, en representación del Espacio OSC, dijo que la violencia agravada en contra de personas defensoras y periodistas se da “ante un ambiente hostil propiciado por las autoridades de alto nivel, como titulares de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía de la República, y por el actual titular del Poder Ejecutivo.”
Agregó que las agresiones y ataques “nos enemistan con lo que se denomina el pueblo, cuando todos somos pueblo” y que ello se suma a la aprobación de leyes restrictivas para el ejercicio de la defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Al mismo tiempo denunció que los recursos para la protección son insuficientes, tanto los humanos como los económicos.
Por lo tanto, el Espacio OSC demandó a las autoridades reconocer explicita y públicamente la importante labor que realizan las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas en el fortalecimiento de la democracia, condenar enérgicamente toda narrativa que difame y criminalice a estas personas, investigar de manera imparcial y expedita los asesinatos, y por último crear un diálogo amplio con personas defensoras para el diseño de una política pública integral que garantice el derecho a defender Derechos Humanos. (Sonia Gerth)