Red de Educación exige a Presidente actuar a favor del estudiantado

México, 23 Abril (SEMlac).- La Red Educación Derechos condenó el llamado del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a ignorar los preceptos Constitucionales y legales vigentes en materia educativa.

En un pronunciamiento, la Red reclama también a las autoridades federales y estatales construir un sistema educativo que refleje los puntos de vista presentados durante la consulta nacional y el parlamento abierto y que no privilegie solo las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

México requiere contar con un sistema educativo que garantice el ejercicio del derecho a la educación de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Las demandas laborales y políticas de un sector de los maestros no pueden estar por encima del derecho a la educación de todos los mexicanos, aseguran.

El memorando presidencial incita a ignorar el orden constitucional y obstruye el derecho a la educación de más de 30 millones de estudiantes. No podemos quedarnos callados, ni permitirlo, agrega el texto.

Los integrantes de la Red Educación Derechos rechazamos el contenido del memorándum del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del 16 de abril del presente, dirigido a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán y al secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías.

Ese texto -añaden- contiene un conjunto de "lineamientos" y "directivas" que, entre otros aspectos, interrumpen los procesos de evaluación y contratación de los docentes, establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las normas reglamentarias correspondientes.

Consideramos que la instrucción presidencial -además de sobrepasar sus facultades legales- atenta contra los derechos laborales del magisterio y su desarrollo profesional, ataca al federalismo educativo y la soberanía de los estados en materia educativa y vulnera el marco jurídico e institucional vigente.

Nos preocupa -en particular- que el ejecutivo federal se disponga a gobernar por encima de la ley, haciendo caso omiso de la división de poderes que es el núcleo de nuestra identidad republicana y que ordene a los funcionarios públicos convocados al desacato de la las normas y disposiciones legales.

La Red Educación Derechos, cuyos integrantes son académicos del Cinvestav, UNAM, Universidad Iberoamericana, Tecnológico de Monterrey, Universidad Autónoma de Querétaro, entre otras instituciones académicas, así como especialistas independientes, hace un llamado a los gobiernos estatales, al magisterio nacional, a las organizaciones sociales y a los padres de familia, a contribuir en la construcción de un sistema educativo que garantice el derecho a aprender de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la inclusión educativa y la infraestructura adecuada, y al mismo tiempo frene la deserción escolar y respete la autonomía constitucional de las universidades.

México requiere un sistema educativo para todas y todos los mexicanos, una reforma educativa por consenso y con visión de largo plazo.

El dictamen aprobado por mayoría en las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales es un parteaguas para la democracia mexicana, pues se construyó a partir de un proceso de consulta abierta en todo el país cuyos resultados están contenidos en la propuesta del Ejecutivo Federal.

Esta propuesta fue enriquecida con una iniciativa emanada del poder Legislativo, a través de los partidos políticos, los especialistas e incluyó todas las voces que se expresaron en el Parlamento Abierto, incluidas las de docentes, directores, supervisores y representantes de la CNTE, para garantizar un sistema educativo para todas y todos los mexicanos.

La Red Educación Derechos condena que este esfuerzo colectivo en el que participó el magisterio, los partidos políticos, los académicos, los padres de familia, las organizaciones civiles, las instituciones educativas, las universidades, así como estudiantes y legisladores, se reemplace por un memorando del ejecutivo federal porque un grupo de maestros, que no representan al magisterio nacional ni los intereses de todos los mexicanos, no está de acuerdo con su contenido.

Estamos frente a un Estado de excepción educativa por la presión de un grupo sindical, estamos frente a la ruptura de la posibilidad de una reforma educativa por consenso. Estamos frente a la parálisis institucional y lo más grave, es que el memorando firmado por el Presidente incita a su gabinete a violar la ley.

Pedimos al ejecutivo federal reconsiderar su postura y retomar los cauces institucionales. Solicitamos tanto a la Secretaría de la Función Pública, como al titular de la Fiscalía General y a la Auditoría Superior de la Federación, que en el marco de sus atribuciones, emprendan las acciones administrativas y legales a que den lugar en caso de que algún funcionario incumpla con la ley vigente.

Garantizar el Estado de derecho debe ser un componente elemental para construir un régimen democrático consolidado, que promueva un sistema educativo equitativo e inclusivo, y que permita que todos los estudiantes aprendan en nuestro país. ([email protected])