Eugenio Manuel es dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (Opim), y tiene medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2009. Actualmente forma parte del Consejo Municipal de Ayutla.
La Opim ha documentado y denunciado públicamente ante las autoridades correspondientes los atropellos del Ejército contra sus comunidades. Eugenio Manuel fue compañera y traductora de las tlapanecas Valentina Rosendo Cantú e Inéz Fernández Ortega, quienes denunciaron en marzo del 2002 la violación sexual a manos de militares.
La defensora sufre hostigamiento y amenazas de muerte desde hace años. En 2005, Cimacnoticias reportó que tanto Obtilia como su hermana Andrea y su esposo Cuauhtémoc fueron objetos de intimidación y hostigamiento. Los agresores en ese entonces hicieron referencia al trabajo que ella venía haciendo para Valentina e Inés.
Tanto Obtilia como su hermana reportaron amenazas de muerte en 2010. En 2011, un grupo de defensoras y defensores de la Opim, entre ellas Obtilia, se reunían en las instalaciones de la organización cuando interrumpieron unos 50 elementos del Ejército, quienes las interrogaron y golpearon. En 2013, La Red Nacional de comunicación y acción urgente de Defensoras de Derechos Humanos en México denunció nuevas amenazas de muerte contra la defensora Me’phaa.
En el contexto de su desaparición, la Red Solidaria denunció que Eugenio Manuel reportó amenazas vía telefónica el pasado noviembre, mediante la cual le exigían entregar a dos miembros del Consejo Municipal “o iba a responder ella” por todos los miembros del nuevo órgano de Gobierno Municipal.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad demandó a las autoridades competentes que tomen las medidas necesarias para la aparición con vida de Eugenio Manuel, junto con su acompañante Hilario Cornelio Castro. A este llamado se sumaron la ONU-DH México, La Red de Defensoras México, Serapaz México y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La Red Solidaria además exigió una efectiva investigación, el esclarecimiento de los hechos denunciados, y la sanción de los responsables materiales e intelectuales de este acto, a fin de garantizar que hechos como el ocurrido no se repitan.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT) documentó en su informe “Desde la Memoria… la esperanza”,que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que finalizó el 1 de diciembre pasado, fueron asesinadas 161 personas defensoras.
Encontró que 40 por ciento de las personas asesinadas eran defensoras comunitarias, es decir, ejercían su derecho a defender Derechos Humanos en su comunidad o entorno más cercano. Gran parte de estos se enfocaban en la defensa de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y la tierra y territorio.