Aprueban Fiscalía Nacional sin atención a víctimas y mujeres violentadas

México, 18 diciembre (SEMlac).- En los últimos 15 años, México no ha podido disminuir las cifras de desaparición, violencia y violación sexual contra las mujeres y los asesinatos definidos como feminicidios, por lo que tendrá que mostrar resultados en año y medio, advirtió la experta Magalys Arocha el 5 de diciembre y dijo que México tiene que demostrar un avance radical y enérgico.

Sin embargo, al crearse la Fiscalía General de la República, ratificada el 11 de diciembre por el Senado de la República, desaparece la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), no obstante los compromisos de la Comisión para la Igualdad de Género que preside la senadora Martha Lucía Micher, del Partido MORENA, y dos integrantes del Partido del Trabajo, de la alianza lópez obradorista, que señala como línea prioritaria en su plan de trabajo textualmente que dará " seguimiento de la política pública en materia de igualdad y de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las niñas y las mujeres".

Esa visión, la que conserva la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, es un claro ejemplo de lo que la experta Arocha advirtió que puede pasar. Se llama ceguera de género en las acciones de intersección, cuando se habla en general contra la pobreza, el crimen, la violencia estructural, sin sesgo de género, por lo que las mujeres quedan fuera. Así lo advirtió.

La experta de la Convención contra todas las formas de discriminación de la Mujer (CEDAW), presidenta del comité de seguimiento, habló de que México tiene 75 observaciones, la mayoría sobre violencia de género, por lo que advirtió que ahora tiene un año y medio para demostrar un "avance radical y enérgico", con resultados y dinero en las áreas de atención y prevención de la violencia.

La experta habló a las integrantes de los órganos auxiliares de INMUJERES, Consejo Social y Consultivo, mujeres de las 32 entidades del país y a las directoras de institutos estatales y personal del nuevo gobierno, en estos días en que se están tomando decisiones muy rápidas y hay que resolver qué personas ocuparán la dirección de la política de género, principalmente en INMUJERES, organismo que es autónomo en dirección, gestión y recursos. No obstante, quiere decidir la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, antes que la Junta de Gobierno, que debe operar por Ley.

INMUJERES no depende de Gobernación; aunque él o la secretaria en turno presidan la instalación de la Junta de Gobierno, en el proceso de selección deben participar titulares de 15 secretarías de estado, 16 consejeras sociales y consultivas; y como observadores sin voto, los órganos del gabinete ampliado, especialmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también por ley vigila que el Estado garantice la política de género que México contiene en su Constitución -aún vigente- y ha firmado en convenciones y acuerdos internacionales.

Llama la atención la omisión del Senado, que la Comisión de Igualdad asegura que su plan de trabajo se enmarca en ordenamientos nacionales e internacionales a favor de la igualdad y de los derechos humanos de las mujeres, tanto jurídicos como tomando en cuenta todas las observaciones en DDHH, de la CEDAW y la Organización Internacional del Trabajo.

Por ahora ha dejado pasar una iniciativa para el trabajo doméstico sin expresarse sobre la urgencia de firmar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que las trabajadoras domésticas puedan ejercer sus derechos; y ha dejado pasar la ley de la nueva fiscalía aprobando la desaparición de Fevimtra y la ley de remuneraciones y austeridad, con muchas mujeres en riesgo de perder trabajo y recursos.

Para muestra, en su plan de trabajo asegura que hará los siguientes ordenamientos:
. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

. Declaración sobre la Protección de la Mujer y del Niño en los Estados de Emergencia o de Conflicto Armado (1974).

. Declaración y Programa de Acción de Viena (1993).

. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993).

. Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo Resumen del Programa de Acción (1994).

. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995).

. Declaración y Objetivos del Milenio (2000).

. Declaración conjunta de las Relatoras Especiales sobre derechos de la mujer (2002).

. Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores (1921).

. Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres y Mayores de Edad (1933).

. Protocolo que Modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Menores de Edad y el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres mayores de edad (1947).

. Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1949).

. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1953).

. Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (1957).

. Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios (1963).

. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Racial (1965).

. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966).

. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (1979).

. Convención de los Derechos del Niño (1989).

. Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1999).

. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niñas, que complementa la Convención de las Nacionales Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (2000).

Magalys Arocha, presidenta del Comité de Expertas de la CEDAW, delineó así la hoja de ruta de la política de género en el gobierno de la cuarta transformación.

Consideró que hay grandes dificultades para la aplicación de la tarea para eliminar la violencia de género y se no se han cumplido las recomendaciones de 2003, 2005, 2009 y sucesivamente hasta el 9º. Periodo, que se realizó en 2018.

Señaló que únicamente México es muy avanzado en materia de paridad política, pero está oscurecido ese avance por la violencia política, la impunidad y la falta de justicia. No habrá, dijo, ni paz ni seguridad en un país donde además aparece el fantasma de los grupos de derecha y religiosos antigénero. Advirtió sobre el tema del narcotráfico y el acoso generalizado, que tampoco está en las prioridades del nuevo gobierno.