En febrero el presidente Mauricio Macri dio luz verde para que el Congreso debatiera la interrupción voluntaria del embarazo. En marzo se presentó por séptima vez el proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Luego, en junio, se logró la media sanción en la Cámara de Diputados y la pasada semana obtuvo el rechazo en el Senado.
Este fue el recorrido legislativo de una demanda que busca sanear una emergencia sanitaria y justicia social, pero terminó encerrada en los dogmas personales y, como era de esperar, en el país del Papa Francisco, cercada por la Iglesia.
SEMlac conversó con la directora ejecutiva de Amnistía de Argentina, Mariela Belski, para quien, a pesar de la negativa al proyecto, el balance es positivo, porque es la "primera vez que en el país se dio un debate participativo y respetuoso entre dos posiciones. Hay que rescatar el valor del debate porque, para la democracia deliberativa, es un avance en términos democráticos lo que se ha logrado".
Belski destaca el rol importante que tuvo la ola de jóvenes que tomaron la lucha por la legalización-despenalización del aborto y que marcó una verdadera revolución en el país.
"Ellas se apropiaron de esta causa, se la pusieron al hombro. Ellas y ellos votarán el año que viene y creo que no habrá político, incluso las y los senadores que votaron en contra, tampoco ningún candidato y nadie que desee ser reelegido, que dejará de decir lo que piensa respecto al aborto".
En cuanto al rol del oficialismo, Belski considera que no estuvo a la altura de la circunstancia: "cuando se trata de temas como el aborto o temas de tanta relevancia social, tiene que ser más contundente. Esta derrota es del gobierno y es responsable de que la ley no haya salido. El año que viene habrá elecciones y la sociedad votará mirando esto. Las cartas están echadas".
Si bien la instalación del debate acerca del aborto es un logro, no se puede dejar pasar por alto las agresiones que recibieron los y las defensoras de la legalización.
Según Belski, Amnistía recibió más de un centenar de denuncias de agresiones a quienes se manifestaron a favor, pero no recibió denuncias de quienes están en contra, "porque no las hicieron".
La organización está preparando un informe que pronto será presentado. "El gobierno tiene la obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, a la ciudadanía", refiere la representante de Amnistía en Argentina.
"El oficialismo puso el tema muy livianamente y es responsable de haber generado un clima de tanta hostilidad. Hay una responsabilidad del gobierno en cuanto a la agresión y violencia que recibieron quienes están a favor de la legalización", concluye Belski.