Este cuerpo parlamentario demostró que no pudo estar a la altura de una demanda urgente de la sociedad. "Esta decisión no hace más que perpetuar el círculo de violencia que se ejerce contra las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. El Poder Ejecutivo había dado una señal al abrir el debate. El Poder Legislativo no ha estado a la altura de las circunstancias", expresó Meriela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Tras obtener la negativa a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, no pudo contener su alegría, festejando con un "¡vamos todavía!". Michetti festejó la luz verde a la clandestinidad y festejó la ausencia del Estado para dar soluciones.
También, como era de esperar, las torpezas de quienes fungieron como expositores. Fue el senador salteño Rodolfo Urtubey quien sembró más críticas con sus argumentos: "Hay algunos casos en que la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo, en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco de consentimiento, sino de una subordinación".
Los repudios a sus afirmaciones fueron inmediatos. Aunque luego aclaró que quiso afirmar que toda forma de violación debe ser considerada un caso de aborto no punible, "no quise acotar el concepto de violación ni negar que lleva violencia. La idea es ser aún más duro en condenar la violación en todas sus formas".
Luego, la senadora por San Juan, Cristina del Carmen López Valverde, reconoció que no leyó el proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo: "No tuve tiempo de leerlo". El texto solo tenía 14 páginas.
Tras la negativa del Senado, el Ejecutivo propone incorporar la despenalización del aborto en el nuevo código penal y esta propuesta es acompañada por un amplio abanico de legisladores y legisladoras. Se sabe que la despenalización no es suficiente, porque con la legalización el Estado se convierte en garante de la seguridad de la práctica.
En Argentina se puede abortar por dos causales: peligro para la vida o salud de la mujer, o en caso de violación y esto no alcanza porque en los últimos 30 años más de 3.000 mujeres perdieron la vida y otras 49.000 pusieron año a año en riesgo su salud y sus vidas.