Participó INMujeres en Diálogo de Política de Igualdad del BID

México, octubre (SEMlac).- El gobierno mexicano puso en marcha 24 acciones, acuerdos y programas concretos para apuntalar, sin discriminación, la participación económica de las mujeres, toda vez que está demostrado que su integración al mercado del trabajo reduce la pobreza y alienta el desarrollo.

Las medidas facilitan recursos financieros, préstamos bancarios, proyectos productivos, becas educativas promocionales y una norma laboral que pronto será obligatoria en todas las empresas.

Así se resume lo dicho por la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), Lorena Cruz Sánchez, al participar en el III Diálogo Regional de Política de Igualdad de Género del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrado en Washington.

La OIT (2017) reveló que en América Latina fue posible la reducción de la pobreza hasta en 30 por ciento porque son las mujeres quienes invierten la mayor parte de su ingreso en comida, salud, educación y bienestar de sus hijas, hijos y familias, lo que ha roto la transmisión intergeneracional de la pobreza.

En México, sin embargo, solo 47 por ciento de las mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral, una de las tasas más bajas de la región, pese a que se eliminaron de las barreras legales de la desigualdad, explicó. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que debe ser 67 por ciento.

La funcionaria mexicana comentó el estudio del BID denominado "Mercado Laboral y Crecimiento Económico en Países Latinoamericanos", que habla aborda el crecimiento de las economías de la región y afirmó que este representa un instrumento clave para trabajar en México por la adopción de políticas públicas más contundentes para el empoderamiento económico de las mujeres.

La reunión estuvo presidida por Julie T. Katzman, vicepresidenta Ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo, y Claudia Piras, economista Líder, de la división de Género y Diversidad del BID.

Lorena Cruz Sánchez destacó que, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores, se estableció la Norma Mexicana como mecanismo de adopción voluntaria, para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con políticas y prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación.

Está dirigida a todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier tamaño, sector o actividad. Obliga a: incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; hacer acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.

El estudio del BID, afirmó, es una herramienta para fortalecer los marcos normativos y programáticos; mejorar las capacidades institucionales y programar el destino con eficacia y eficiencia los presupuestos públicos para la igualdad de género.

Al explicar el papel de la política de género de la administración federal, expresó que el INMUJERES desempeña un papel crucial, porque promueve y monitorea el cumplimiento de la Agenda Nacional de Igualdad de Género, que puso la condición de las mujeres como un tema central de la agenda política de México.

Agregó que eliminadas las barreras legales que impiden a las mujeres obtener un empleo o restringir su capacidad empresarial, con leyes federales y locales para la igualdad y para una vida libre de violencia, lo cierto es que falta mucho.

Informó que por primera vez, el Plan Nacional de Desarrollo incluye la perspectiva de género como estrategia transversal, que el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres conocido como PROIGUALDAD, es de carácter obligatorio para los tres Poderes y niveles del Estado, y el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres está encabezado por el Presidente de la República.

No obstante, los avances legislativos y normativos-programáticos, México todavía tiene una de las tasas más bajas en cuanto a participación de las mujeres en el mercado laboral: solo 47 por ciento de las mexicanas en edad productiva son parte de la fuerza de trabajo, en comparación con el 67 por ciento promedio de la OCDE.

La política
Esta política nacional de Igualdad busca el empoderamiento económico de las mujeres y su autonomía, dijo, y una básica es la igualdad educativa entre mujeres y hombres, en los niveles básicos entre niñas, niños y adolescentes en todos los grupos sociales, pero enfrenta problemas como el abandono escolar de adolescentes embarazadas o deserción para realizar labores domésticas y de cuidados.

Al mismo tiempo, en México más mujeres cursan carreras "no tradicionales" logrando superar en siete puntos porcentuales sobre la media de la OCDE respecto al número de graduadas en ciencias, matemáticas, ingenierías y computación, comentó.

Se puso en marcha el Programa Nacional de Becas en Educación Media Superior, con el que se benefició a 398.340 alumnas (55% del total de beneficiarios). Se otorgaron 20.311 becas a madres jóvenes y embarazadas jóvenes, y 428.212 becas a adolescentes en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Estas previsiones se toman para que las niñas y las jóvenes no abandonen sus estudios por falta de recursos, por un embarazo temprano u obligaciones de cuidado.

Por su parte, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) forma mujeres indígenas mediante tres esquemas: Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional, Programa de Fortalecimiento Académico para Indígenas, mediante apoyos complementarios para mujeres indígenas becarias del CONACYT, y Programa de Becas de Posgrado para Indígenas CIESAS-CONACYT.
De enero de 2013 a junio de 2017 dio 2.131 apoyos con un presupuesto de 130 millones de pesos (7 millones 222 mil dólares).

El Programa de Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) otorgó 6.537 apoyos con un presupuesto de 270 millones de pesos (15 millones de dólares) entre enero de 2013 y junio de 2017.

También hay servicios de cuidado que incluyen una mayor cobertura de guarderías, extensión de los horarios escolares en los niveles de preescolar y educación básica, y escuelas de verano.

De acuerdo con el último Informe Presidencial, las guarderías del IMSS (1.364 guarderías en todo el país) proporcionan atención y cuidado a más de 235.000 niños desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años.

Las Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de septiembre de 2016 a junio de 2017, beneficiaron a 371.497 madres trabajadoras y padres solos para que permanezcan en su empleo, busquen uno o estudien. A junio de 2017, el programa tiene presencia en 1.284, el 50 por ciento, de los municipios. Igual se pusieron en marcha 25.000 escuelas de tiempo completo.

La productividad
Acciones precisas para incrementar la productividad de las mujeres, delineó la presidenta de INMUJERES, se han puesto en marcha para que ellas accedan a servicios financieros y crediticios, capacitación y nuevas tecnologías, para la comercialización y la toma de decisiones sobre los recursos que generan.

Entre las acciones destacan los programas para incrementar la productividad de la Banca de Desarrollo, las Expo de los Pueblos Indígenas; el Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.

En particular, gracias al Proyecto Mujer Indígena, del primero de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se apoyaron 1.340 proyectos productivos, en beneficio de 10.282 mujeres indígenas, en 707 municipios de 30 entidades federativas.

La Estrategia Nacional Digital incluye acciones para asegurar la conectividad, la inclusión y la creación de habilidades tecnológicas, considerando la condición étnica, etaria y de nivel educativo, mientras el programa "Prospera Digital" está diseñado para interactuar con las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad.

En su intervención, Lorena Cruz explicó al funcionariado del BID que para allanar el ingreso y permanencia de las mujeres al mercado de trabajo, se creó la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, hoy voluntaria, pronto obligatoria.

Esta Norma certifica a los centros de trabajo del sector público, privado y social que cuentan con medidas para el logro de la paridad laboral, la inclusión, el balance entre la vida laboral y familiar, y la erradicación de prácticas discriminatorias en los centros de trabajo. Hoy, aseguró, el 80 por ciento de las oficinas centrales que integran el Gabinete se han certificado.

Para emprendedoras
Fundamental, dijo, es la inclusión financiera de las mujeres para mantenerlas en el mercado laboral. La Secretaría de Hacienda, hace un mes, puso en marcha cambios sustantivos a favor de la participación de las mujeres en el sector financiero:

1. Cambios a la Regulación del Sector Financiero que transparenta cómo es la participación de las mujeres en los Consejos de Administración y Órganos de Decisión. Todas las empresas que cotizan en bolsa de valores estarán obligadas a hacer pública esa información respecto a cuántas mujeres y hombres conforman consejos de administración y órganos de decisión.

2. Fortalecimiento de los programas de la Banca de Desarrollo dirigidos a mujeres, para impulsar más y mejores acciones afirmativas para la igualdad de género en los puestos de toma de decisión, con perspectiva de género en programas, y diseño de productos promotores de la inclusión financiera de ellas.

Los programas son: Mujeres PYME (crédito empresarial), Alianza Contigo (Capacitación, Red de Negocios), Casa Madre de Familia (Crédito hipotecario), Programa Integral de Inclusión Financiera (Educación financiera, ahorro, crédito, seguros), FIRA (esquemas de apoyo a proyectos productivos de mujeres en comunidades rurales), y FND (Amplía su cobertura de financiamiento a pequeños comercios de mujeres emprendedoras del medio rural).

3. Empoderamiento económico de las mujeres que viven en situación de mayor marginación, por medio del Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR) para una inclusión financiera sustentable, con crédito productivo, dirigidos a la vivienda, el ahorro y servicios integrales.

Reconoció que también hay obstáculos enfrentar: datos de la Encuesta de Violencia 2016 muestran que, en el último año, 22 por ciento de las mujeres ocupadas han sufrido discriminación en su trabajo, y en los últimos cinco años, 12,7 por ciento de las mujeres dijeron sufrir discriminación relacionada con el embarazo, aún les pidieron una prueba de no gravidez para entrar a trabajar, continuar en su trabajo o renovar su contrato; si la prueba fue positiva, le bajaron el salario o la despidieron.

De ahí, destacó que es necesario hacer mayores esfuerzos para romper con los estereotipos y erradicar las prácticas discriminatorias, conocer mejor cuáles son los costos de oportunidad que valoran las mujeres para incorporarse al mercado laboral y tomar las decisiones de política para generar las condiciones que les permitan incorporarse y permanecer en el trabajo.