El consumo de drogas ilícitas, por un lado, así como su producción y venta, son dos aspectos en los que las mujeres no están al margen.
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), ellas demandan un tratamiento médico-psicológico, pero también un abordaje jurídico desde la perspectiva de género.
En ese sentido, la doctora en sociología Concepción Núñez Miranda sostiene que estas mujeres no son producto de la delincuencia, sino de un sistema de desigualdad.
El consumo de drogas ilícitas entre mujeres
Las cifras derivadas de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas refieren también que la edad de inicio de consumo de drogas ronda los 18 años para las mujeres y los 17 para los hombres.
Entre quienes consumen alguna droga ilícita, solo 12,8 por ciento de las mujeres recibe tratamiento, frente a 20,3 por ciento de los hombres.
De acuerdo con los datos de 2016 de dicha encuesta, "cualquier droga" ocupa el más alto porcentaje de consumo entre las mujeres (10.3 %), seguida de mariguana (8.6 %), cocaína (3.5 %) y alucinógenos, inhalables y estimulantes de tipo anfetamínico, con 0,7; 1,1. y 0,9, respectivamente.
Comparativamente con otras encuestas, se observa un incremento en el consumo de mariguana, tanto en mujeres como en hombres, en tanto que el consumo de cocaína se mantuvo estable.
Otro dato relevante es que 12 por ciento de los 3,2 millones de estudiantes mujeres de secundaria y 22 por ciento de los dos millones de mujeres que estudian bachillerato habían consumido alguna droga alguna vez en su vida.
En relación con la rehabilitación, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas indica que, en 2015, se registraron 6.513 ingresos de mujeres a estos programas, ellas representan 11,3 por ciento de los casi 56.000 que acudieron a los centros de rehabilitación gubernamentales.
Las prisioneras por narco
Las mujeres privadas de su libertad por diferentes delitos ascienden en México a más de 12.000 personas. Entre los delitos, el relacionado con drogas es el más común, con 12 por ciento en 2013, indicador que en América Latina alcanza al 70 por ciento de mujeres.
INMujeres señala que la pobreza es un factor que lleva a las mujeres a involucrarse en delitos de tráfico ilegal de drogas, muchas veces por imposición de sus parejas; ellas, además, tienen poca o nula educación y son responsables de sus familias.
Por ello, la dependencia federal propone una política con enfoque realista, basado en evidencias, que favorezca el tratamiento en lugar del encarcelamiento; una política basada en la perspectiva de género, que permita mirar otros motivos posibles que las llevan a cometer estos delitos por ser mujeres.
Deshilando condenas, bordando libertades
La doctora en sociología Concepción Núñez Miranda, quien ha investigado el caso de mujeres presas por narcotráfico, señala que estas comparten pobreza y olvido.
En el libro Deshilando condenas, bordando libertades, explica que un mundo donde crece la pobreza, en lugar de disminuir, es necesario analizar qué ocurre con el modelo de reproducción económico social que provoca más pobreza y la existencia de personas proclives a ser utilizadas para la producción, circulación y venta de sustancias prohibidas.
"La pobreza que se respira (en sus comunidades) al mismo tiempo las ahoga", dice Núñez Miranda.
Quien sostiene que, invariablemente, los procesos penales de estas mujeres están llenos de anomalías, como la falta de traductores en los interrogatorios, los cuales son, irregularmente, demasiado largos.
El estudio, que le ha valido varios premios y reconocimientos, así como la sensibilización a jueces mexicanos --aunque el sistema mexicano no ha variado su postura--, señala que la historia de vida de un grupo de mujeres presas por narcotráfico contribuye a explicar la situación extraordinaria que viven estas, principalmente indígenas.
Su investigación la llevó a articular diferentes fenómenos sociales actuales: el tráfico ilegal de narcóticos, la pobreza, la justicia y los derechos humanos.
También analiza sus repercusiones en un sector de personas pertenecientes a la clase social más desprotegida y vulnerable del país: las mujeres de los pueblos originarios.
Ellas sufren opresiones múltiples y son violentadas no solo por una sociedad de desiguales, sino por costumbres que aumentan su opresión y marginalidad.
Además, sus cuerpos se utilizan como "mulas de carga" en la cadena de producción, circulación y venta de marihuana, mientras ellas son convertidas en datos, en números utilizados para que el Estado justifique ante el imperio que está combatiendo el narcotráfico. (Soledad Jarquín Edgar)