La mujer permanece internada en el Hospital Materno Reynaldo Almánzar de esta capital, donde los neurocirujanos recomiendan realizar un aborto terapéutico, sin que haya sido posible debido a que en el país está penalizada dicha práctica.
Galván insistió en que es una obligación interrumpir el embarazo de Luz (nombre ficticio), según expresa el artículo 42 de la Constitución, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y vivir sin violencia y que tendrá la protección del Estado en caso de amenaza, riesgo o violación de esta.
También la ginecóloga y defensora de los derechos de la mujer Lilliam Fondeur llamó al comité de bioética a "definir la situación lo más pronto posible ya que la vida de la madre peligra", y puntualizó que lo importante en este momento es salvar su vida ya que tiene dos hijos, que no deben quedar en orfandad.
La doctora explicó, además, que para dar radioterapia a la paciente, tal como han recomendado los cirujanos, hay que interrumpir el embarazo.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, doctor Martín Ortiz, precisó que la decisión la debe tomar el comité de bioética "sobre qué es lo que le conviene a esa paciente, porque nosotros estamos atados desde el punto de vista legal".
SEMlac conoció en las últimas horas que aunque los comités de bioética de un grupo de hospitales se habían reunido, aún no se ha dado a conocer que hayan tomado una decisión al respecto.
Mientras, Luz permanece en esta situación de gravedad e incertidumbre, pese a que la familia autorizó la interrupción del embarazo para salvar su vida.
Sergia Galván exhortó a la opinión pública a pronunciarse sobre los derechos de la mujer y calificó la situación de inhumana y de tortura.
"Asimismo, llamó la atención del Congreso sobre la urgencia de aprobar las observaciones del Poder Ejecutivo para despenalizar el aborto en las tres circunstancias: por riesgo para la salud o la vida de las mujeres; por malformaciones del feto; o porque el embarazo es producto de una violación, aprobadas desde 2014 por el órgano legislativo, después de las observaciones del presidente Danilo Medina, para que fueran contempladas en dichas circunstancias".
No obstante, el código fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, tras acoger tres recursos presentados por organizaciones opuestas al aborto, representadas por las iglesias católica y evangélica.
En estos momentos, la nación dominicana continúa entre los países de la región con mayor índice de muertes maternas, con 106 defunciones por cada 100.000 nacimientos, según informe de los incumplimientos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con pocas expectativas de cumplirse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
De no tomarse una decisión a tiempo, la vida de otra dominicana corre inminente peligro.(Mercedes Alonso Romero)