La Habana, abril (Especial de SEMlac).-Una llamada telefónica es, muchas veces, el nexo que durante meses o años une a emigradas cubanas con su familia en la isla. Pero un día esa llamada telefónica puede conectar a madres y familiares con otra realidad mucho más dolorosa y hasta el momento invisible: la violencia machista.
"Nunca olvidaré la hora y lo que estaba haciendo cuando sonó el teléfono. Me puse como loca. Del otro lado alguien me decía que mi hija Jenny había fallecido", recuerda Noemí de Cárdenas.
Gracias al apoyo de amigos, colegas y familiares, Cárdenas pudo tomar un avión a Lima, Perú. Esta profesora de semiótica del Instituto Superior de Arte (ISA) afirma que su preparación profesional fue la que le permitió ver los signos de que algo pasaba.
Pese reunir pruebas que demuestran el abuso físico y emocional que sufrió Jenny Montero de Cárdenas a manos de su esposo, este fue absuelto en la investigación como autor de su muerte.
Jenny tenía solo 30 años cuando murió el 30 de octubre de 2011, dejaba una niña de casi dos años. Su historia devela las vulnerabilidades de las emigradas, cubanas o no, frente a la violencia por motivos de género.
"Con mucho dolor fui encontrando fotografías de cuando la golpeaba, fui atando cabos y me di cuenta de que la versión de muerte por infarto era falsa", dijo Cárdenas a SEMlac.
Según datos oficiales, cerca de dos millones de cubanos (casi 11 % de la población) vive fuera de la isla y las mujeres representan casi la mitad de esa cifra.
La búsqueda de mejores condiciones económicas, becas para la superación profesional y contratos de trabajo en el exterior estimulan a las más jóvenes a salir del país; algunas lo hacen solas y otras acompañas de sus parejas.
Pero aquellas cubanas que logran sortear las dificultades del traslado y escapan de las bandas de tráfico de personas y trata de mujeres todavía tienen otros retos que resolver en el lugar de destino. Historias recientes reflejan que la violencia de género puede ser una de ellas.
Mujer y emigrante: en el límite de la violencia
Estudios sobre violencia de género y emigración señalan las complejas vulnerabilidades a las que se enfrentan las emigradas.
"La combinación inmigración y violencia de género provoca unas situaciones de vulnerabilidad mayores para las mujeres inmigrantes y unos recortes de derechos, más aún que si estuviéramos hablando de mujeres nacionales víctimas de violencia de género", apunta la jurista española Raquel López Merchán en su artículo "Mujer inmigrante víctima de violencia de género".
Según la autora, incide en este fenómeno el duelo migratorio, entendido como una situación psicológica especial que condiciona las percepciones y el comportamiento de quienes emigran.
Además, el choque cultural y las dificultades que implica un idioma diferente a la lengua natal se unen a la carencia de redes sociales naturales como la familia y las amistades.
López Merchán subraya en su artículo de 2013 la fuerte dependencia de la mujer inmigrante respecto de su pareja.
"En muchos casos han venido gracias a la reagrupación familiar o no tienen documentación propia o en regla, no tienen ingresos propios, etc. Todo esto contribuye a dificultar la independencia de las mujeres, que sufren violencia de género para disponer como quieran de su vida", refiere la especialista.
Estas variables también influyeron en el caso de Jenny Montero de Cárdenas. Santiago Ariel Llerena Díaz mantenía con ella una relación de años en Cuba, pero la historia de violencia se produjo en la distancia, alejada de conocidos y familiares.
Según la madre de la víctima, el maltrato sistemático al que estuvo sometida su hija en un país ajeno, sin trabajo, con una hija de meses y sin redes de apoyo "desmanteló su psiquis". Montero de Cárdenas tuvo pocas oportunidades de salir del círculo de la violencia.
La esperanza de que es posible mantener el vínculo afectivo y que no se repetirán los maltratos pone a las víctimas en desventaja.
"El maltratador siempre cuenta con el silencio, el miedo y la vergüenza de la víctima. Por eso es importante hablar", reconoce de Cárdenas.
El complejo acceso a la justicia
Para Manuel Vázquez Seijido, especialista del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), el estatus migratorio es fundamental en el acceso a la justicia.
"Una cubana que tiene un estatus legal según las regulaciones del país receptor, tiene mayores posibilidades de acciones el sistema de justicia", dijo el abogado a SEMlac.
Del estatus migratorio depende en parte la posibilidad de acceder al empleo y, por tanto, contar con recursos económicos que les permitan contratar representación legal.
Noemí de Cárdenas sufrió esas limitantes en carne propia. A 3.959 kilómetros de La Habana, esta académica altamente calificada tuvo que buscar empleos temporales, contar con la colaboración de amistades y pedir la solidaridad de organizaciones de mujeres para poder sobrevivir y enfrentar los complejos procesos judiciales, uno de los cuales le permitió ganar la guarda y cuidado de su nieta Sasha Naomi Llerena Montero, quien actualmente reside con ella en La Habana.
Durante los dos años que vivió en Perú, Cárdenas luchó porque se realizara el proceso penal y reclamó a la fiscalía provincial en lo penal de Lima. Con la representación de un abogado criminalista y académico de una Facultad de derecho en Lima, pudo presentar pruebas relevantes sobre el atentado a la vida de Jenny.
De manera solidaria lograron un peritaje del reconocido médico legista y anátomo patólogo peruano Dr. José Ernesto Ráez González, quien concluyó que "me impresiona como un síndrome asfíctico. No se puede descartar lesiones en el cuello como secuelas de oclusión".
Sin embargo, el tribunal falló a favor del demandado. El 10 de diciembre de 2014 recibió la notificación de la fiscalía archivando el caso. La madre cubana continúa denunciando en las redes sociales el feminicidio de su hija.
"Tengo todas las pruebas que demuestran que él es culpable, pero la justicia peruana se cerró a hacer justicia en este clarísimo caso. Yo sospecho que todas las irregularidades que se cometieron en la pésima investigación llevada a cabo en este caso tienen como mal de fondo la corrupción", afirma de Cárdenas.
Los prejuicios y estereotipos que relegan a las y los migrantes a ciudadanos de segunda pueden recaer en las víctimas de violencia machista. La falta de orientación y apoyo, tanto de las víctimas como de sus familiares, también pone la mirada en las autoridades del país natal.
Vázquez Seijido subraya que el carácter territorial de las leyes pauta los límites de la actuación del Estado cubano, sus instituciones y embajadas.
"Nuestras embajadas no tienen la capacidad jurídica ni económica para dar un acompañamiento a estas víctimas. Pero sí debieran incluir ese acompañamiento y orientación a la ciudadana cubana en el país de destino", opina el abogado cubano.
El especialista destaca que el principal mecanismo de protección para las víctimas son las leyes nacionales, pues aún no existen instrumentos jurídicos internacionales que hagan mención a la violencia hacia las mujeres por motivos de género en el contexto migratorio.
"Desde el punto de vista jurídico internacional, pudiera acompañarla la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) según se aplique en ese país", apunta el abogado.
También puede ser estratégico buscar apoyo en organismos internacionales que se encargan de velar por el respeto a los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales que apoyan a víctimas de violencia de género.
Aunque Cuba no forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cubanas residentes en la región latinoamericana podrían denunciar en esa instancia al agresor en particular o al Estado de ese país, si este no accionase para protegerla frente a un delito que califica como una violación de los derechos humanos. Por: Lirians Gordillo Piña
