La disparidad en la participación de las mujeres en la administración pública persiste, lo que contraviene el artículo 41 constitucional. FOTO: ILUSTRATIVA/ SEM MÉXICO.

México, agosto (SEMlac).- La disparidad en la participación de las mujeres en la administración pública persiste, lo que contraviene el artículo 41 constitucional que instruye al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los 32 gobernadores a integrar gabinetes con una inclusión del 50 por ciento.

La representación en el gabinete de López Obrador es de apenas el 40 por ciento, al ocupar las mujeres ocho de 20 secretarías; a nivel estatal la participación se reduce al nueve por ciento, pues solamente dirigen 46 de 524 instituciones.

“A casi tres años de la aprobación de la reforma de paridad total, persisten los techos de cristal en la administración pública, pues las mujeres siguen estando subrepresentadas en las secretarías y dependencias del Ejecutivo”, señala el informe “La paridad de género en las secretarías y dependencias del Ejecutivo a nivel federal y local”, elaborado por César Alejandro Giles Navarro y dado a conocer en abril último. No obstante, todavía no hay cambios.

Según la publicación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, “otro fenómeno ligado a la simulación y a la persistencia de los estereotipos de género en la distribución de las responsabilidades políticas y administrativas es que las mujeres siguen estando excluidas de las dependencias con mayor injerencia política y presupuesto, como en el caso de las secretarías generales de Gobierno, en donde sólo hay siete mujeres”.

Igualmente, los gobiernos de Acción Nacional no cumplen, tienen porcentajes muy menores a la paridad, hasta del 12 por ciento en Aguascalientes. Entre los gobiernos morenistas, algunos de reciente elección, los más rezagados son Baja California, San Luis Potosí, Veracruz y Tlaxcala.

“En contraparte, su presencia es significativamente mayor en carteras con menor presupuesto, o bien ligadas a los trabajos de cuidado, como la educación y la salud”, se compara.

El análisis destaca que solo seis de las 32 entidades del país, es decir apenas el 18,5 por ciento cumplen o exceden la paridad de género en la administración pública central: los gobiernos morenistas de Colima con 63 por ciento; Guerrero 50 por ciento; Puebla con 58 por ciento; Chiapas, con 56 por ciento; el priista, Oaxaca con 56 por ciento y el emecista, Nuevo León con 52 por ciento.

Ocho entidades de variados partidos están en un rango de entre el 40 y 47 por ciento: los gobernados por el partido oficial, Baja California Sur, con 45,5 por ciento; Ciudad de México con 47,4; Michoacán con 46,7; Morelos con 44,4; Sinaloa con 46,2 y Zacatecas con 47,1. Los gobiernos de Acción Nacional Querétaro con 41,2 por ciento; Quintana Roo con 40 por ciento.

Ocho estados se ubican en un rango de entre el 30 y el 38,9 por ciento, los gobiernos morenistas de Nayarit con 30,8 por ciento; de Sonora con 33,3; Tabasco con 33,3 y Campeche con 36,4 por ciento; los gobiernos priistas de Coahuila, con 37,5 y Estado de México con 37,5 por ciento y el panista Yucatán con 38,9.

Cuatro están en los rangos del 20 al 29 por ciento, los gobernados por el partido del presidente de la República como Baja California con el 29,4; San Luis Potosí con 23,5; y Veracruz, con el 29,4 por ciento.

Pero las seis entidades que están entre el 10 y el 19 por ciento son de Acción Nacional Aguascalientes con el 12,9; Durango con el 14,3 y Guanajuato 15,4 por ciento; gobernados por el PRI, Hidalgo con 15 por ciento y Tamaulipas con 16,7; el morenista, gobernado por una mujer, Tlaxcala con 16,7 y el emecista Jalisco con el 25 por ciento.

Sólo seis entidades cumplen con el principio de paridad de género, al tener un gabinete con el 50 por ciento de participación de mujeres: Chiapas, Colima, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Puebla.

El mayor rezago se observa en Aguascalientes, (PAN) en donde ellas tienen liderazgo en sólo el 12,5 por ciento de las instituciones, Durango (14,3 %) PAN y Guanajuato (15,4 %). PAN.

De acuerdo con el documento, la resistencia a que las mujeres ocupen cargos deriva de la falta de mecanismos constitucionales para garantizar la observación del principio de paridad de género, así como sanciones para evitar el incumplimiento o procedimientos de censura en los cargos por parte del Congreso.

Solo el 40 por ciento en las dependencias federales que encabezan por mujeres (ocho de 20) y solo el 8,8 por ciento de las dependencias de la administración pública central de las entidades federativas tienen a una mujer como titular (46 de 524).