| México, julio (SEMlac).- Se confirmó que el mal trato y la tortura sexual, el abuso y las agresiones a las mujeres hoy privadas de su libertad es un problema que existe, de acuerdo con entrevistas hechas en octubre de 2021 a presas de cuatro años y más. Igual se constató que los cuerpos de seguridad son los perpetradores: en 37 por ciento de los casos, esas autoridades han ejercido tortura sexual contra ellas; en 42 por ciento los responsables son integrantes de los ministerios públicos. Entre 2006 y 2001, presas de las cárceles mexicanas o simplemente detenidas denunciaron 13.293 quejas de tortura, de las cuales casi 400 fueron de tortura sexual, 221 de violación, más golpes, retención ilegal antes de ser presentadas al ministerio público, mal trato en los ministerios públicos y violación a sus derechos humanos, en más de 10 formas. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, presentó ese diagnóstico y resumió la responsabilidad de los funcionarios del sistema de justicia, que afirmó es un desafío para enfrentarlo. De la lectura del resumen ejecutivo del Diagnóstico se desprende el número de quejas. Encinas anunció que están por resolver y dar libertad a 38 mujeres en las cárceles, precisamente por violación a sus derechos humanos. El documento hecho por la autoridad muestra una verdadera tortura, dijo el funcionario, y afirmó que este flagelo sí existe, más allá de datos estadísticos. La constatación de hechos obliga al Estado Mexicano a erradicarlos. El documento El diagnóstico de 231 páginas reporta algunas cuestiones lamentables. Habla con números y entrevistas de una situación complicada, también habla de lo que pasa en la cárcel donde están recluidas actualmente, según el documento, 12.625 mujeres, de las cuales se entrevistó solo al 10 por ciento; las gráficas de lo hallado indican que la tortura comienza desde el momento de la detención, hasta la vida dentro del reclusorio, además de que son extorsionadas, obligadas a trabajos pesados y discriminadas; solamente la mitad de ellas tiene sentencia y 69 por ciento no dispone de ayuda legal. La indagación fue ordenada por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras los abusos sexuales y la tortura que sufrieron al menos 50 mujeres detenidas en mayo de 2006 en Salvador Atenco, de las cuales 31 refirieron haber sido agredidas sexualmente por la policía que actuó ahí. De ellas, 11 que llaman sobrevivientes, presentó el Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México, y siguió su denuncia hasta las últimas consecuencias. Ya este gobierno les hizo una disculpa pública. Y la pasada semana dos de ellas reconocieron que este diagnóstico, 15 años después, pone en blanco y negro lo que sucede con las mujeres, que por alguna razón son detenidas y llevadas a las cárceles. Ese caso reconoce como víctimas sobrevivientes de tortura sexual a Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara ltalia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. El estudio oficial señala que a través de 1.280 entrevistas a mujeres privadas de libertad en 66 penales distribuidos en las 32 entidades de la república, se da cuenta de la compleja condición que ellas enfrentan cuando están involucradas en hechos delictivos, se identifican las condiciones sociales, económicas y culturales a las que se enfrentaban previo a su detención, se identifica que muchas de ellas no cuentan con solvencia económica, no son tomadas en serio por sus defensores y en los centros penitenciarios son abandonadas por sus familias. Se describe con detalle, que siete de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual, en las diferentes etapas del proceso, como el arresto y traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, traslado y estancia en centro de reclusión y la etapa de juicio. El porcentaje de las detenciones de las mujeres entrevistadas respecto a los años se resume de la siguiente manera: 48,82 por ciento ocurrió entre 2019 y 2021; 31,53 de 2013 a 2018; 15,46 por ciento de 2006 a 2012; 3,04 de 1992 a 2005; y el porcentaje restante no proporcionó información. Se pone en evidencia la limitada capacidad institucional para perseguir, investigar y sancionar esta cruel práctica, como la violación sexual, el abuso, las humillaciones a las supuestas responsables de algún delito y de una vida carcelaria que viola los derechos humanos. Dice el estudio que, al conocer las historias de vida, se detectó que sus historias están transversalmente marcadas por un miedo permanente a ser agredidas de nueva cuenta. Además, la indagación publicada coloca en la agenda pública a la tortura sexual como un problema prácticamente de invisibilidad, además de fallas estructurales en el sistema de procuración e impartición de justicia. Reconoce que nos permite identificar los retos de la administración pública y los desafíos que como sociedad debemos superar, en donde la corrupción, la inseguridad y la violencia mantienen como rehenes a las personas más pobres, marginadas y desvalidas, quienes han sido históricamente las víctimas permanentes de la violación a sus derechos humanos. La encuesta se aplicó en 66 centros penitenciarios, 19 femeniles y 46 mixtos, ambos del fuero común de las 32 entidades federativas del país; así como un centro femenil del fuero federal. La mayoría de las mujeres entrevistas están procesadas o sentenciadas por delitos del fuero común. Participaron en la investigación 100 servidoras públicas, organizadas en 20 equipos de entrevistadoras. La aplicación de la encuesta se realizó en dos fases, la primera comprendida del 25 de octubre al 5 de noviembre de 2021 en 29 entidades del país, y la segunda, los días 7 y 8 de diciembre de 2021 en las entidades de Tlaxcala, Guanajuato y Morelos. De las 220.000 personas población privada de la libertad en centros penitenciarios del país en 2021, solo 5,7 por ciento de la población son mujeres, siendo el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Baja California las entidades con mayor número de mujeres en centros penitenciarios. La encuesta nacional de población privada de su libertad de INEGI El diagnóstico recoge información de la ENPOL que estima que 39,5 por ciento de la población privada de la libertad fue detenida en los últimos cuatro años, mientras que solo 8,7 por ciento fue detenida hace 16 años o más. El 6,8 por ciento de las mujeres entrevistadas señaló haber sido juzgadas por algún delito de manera previa a su reclusión actual; 44,4 por ciento dijo que estuvieron recluidas seis meses o menos. El 20,7 por ciento de las mujeres privadas de la libertad con antecedentes penales fueron sentenciadas previamente por delitos de posesión ilegal de drogas, robo a negocio, comercio ilegal de drogas y robo de vehículo, principalmente. En la mayoría de los casos, las mujeres encuestadas señalaron haber sido objeto de alguna agresión, 54,8 por ciento fueron esposadas, en el 48 por ciento de ellas los agentes aprehensores utilizaron la fuerza física para someterlas, a 31,5 por ciento las amenazaron con algún tipo de arma y a 11,5 por ciento le causaron alguna lesión grave. Informa la encuesta que 22,1 por ciento fue desvestida y 27,5 por ciento fue presionada para denunciar a un tercero. Para conocer el diagnóstico que incluye resultados de ENPOL la liga es: https://we.tl/t-yfLumYBoWR |
Ocho de cada 10 mujeres privadas de libertad fueron víctimas de violencia en su proceso judicial
04
de Julio
de
2022
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