Vestidas de negro, con carteles, puñados de mujeres acudieron el pasado miércoles a distintas plazas del país, para realizar actos simbólicos como luto nacional por las mujeres. FOTO: SEM MÉXICO.
México, mayo (SEMlac).- Vestidas de negro, con carteles, puñados de mujeres acudieron el pasado miércoles a distintas plazas del país, para realizar actos simbólicos como luto nacional por las mujeres y un claro reclamo al Estado patriarcal que ha claudicado a su responsabilidad y no garantiza una vida libre de violencia para las mexicanas.

Y la pregunta global que retumbó dirigida a los gobiernos, a los tomadores de decisiones y al sistema de justicia fue ¿cuántas muertes violentas de mujeres y niñas se requieren por día, por mes o por período electoral para que actúen contra los agresores o feminicidas?, esos que viven en la absoluta impunidad.

Además, reclaman una Alerta nacional ante la violencia, hoy declarada en 28 de los 32 estados de la República, y pidieron respuesta inmediata a esta crisis humanitaria que viven millones de mujeres en México. Es el Estado quien tiene que responder.

Y el pronunciamiento, leído en esas plazas mexicanas agrega más preguntas ¿cuántas mujeres y niñas desaparecidas, cuyas historias son exhibidas por los medios de comunicación para mantener la apología de la crueldad y de la violencia? ¿Cuántas fosas o cisternas más se requieren para que México deje de ser el cementerio en que se ha convertido?

El día del luto nacional, promovido por el grupo Todas, desplegó un pronunciamiento a la nación. Donde se sostiene que las mujeres y feministas estamos de LUTO NACIONAL, por todas las niñas y mujeres asesinadas por la misoginia y el desprecio de nuestras vidas, por la impunidad otorgada al agresor, y por la omisión del Estado claramente patriarcal, que ha claudicado a su responsabilidad de garantizar una vida libre de violencia a más de la mitad de la población.

Manifiesto por las niñas y mujeres asesinadas y desaparecidas en este día de LUTO NACIONAL 18 de mayo de 2022:
Vivimos la noche más larga y más oscura de nuestras vidas como mujeres que estamos al acecho de los agresores. La guerra es por nuestro cuerpo, convertido en territorio a conquistar, para despojarnos de nuestra dignidad, integridad y vida, reduciéndonos y tratándonos como mercancía para intercambiar, para violar, para asesinar y desechar.

La violencia feminicida es el muro que el gobierno se ha encargado de engrosar y fortalecer como principal obstáculo para desarrollarnos de manera plena y ser parte de decisiones trascendentales de nuestro país, así como para ejercer nuestros derechos y libertades.

Por eso estamos aquí de luto, acompañando a las familias en su dolor, pero también en la exigencia de justicia para las vidas arrebatadas y quebradas de madres, hermanas o hijas.

Estamos aquí frente a una emergencia nacional que exige salvaguardar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres.

Desde el luto que nos embarga en un país de fosas, un país de violadores, depredadores, tratantes y feminicidas, ratificamos nuestra exigencia y petición que ya hemos formalizado ante la Secretaría de Gobernación, como órgano responsable, para que declare la Alerta de Violencia contra las Mujeres en todo el territorio nacional, y la violencia contra las mujeres sea atendida como una política de Estado prioritaria.

Cuántas muertes violentas más de mujeres y niñas se requieren por día, por mes o por período electoral para que actúen contra los agresores o feminicidas que viven en la absoluta impunidad. Cuántas mujeres y niñas desaparecidas, cuyas historias son exhibidas por los medios de comunicación para mantener la apología de la crueldad y de la violencia. Cuántas fosas o cisternas más se requieren para que México deje de ser el cementerio en que se ha convertido.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la competencia del Gobierno Federal de declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres, a través de la Secretaría de Gobernación; la cual establece que estas deben emitirse cuando exista un contexto de violencia feminicida caracterizado por el incremento persistente de delitos que involucren violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres adolescentes y niñas, en un territorio determinado.

Acaso México no es un territorio en sí mismo y claramente delimitado, acaso no son suficientes los 20 feminicidios al día, las 14 desapariciones diarias de niños, niñas y mujeres o las ocho agresiones sexuales registradas por hora según datos del propio gobierno, basta de impunidad, demagogia y simulación, nos están exterminando.

Las cifras que nos presenta la propia autoridad son prueba plena de que no sólo se ha incrementado el delito de feminicidio, sino la violencia y la tortura sexual, así como la violencia familiar, el acoso y hostigamiento sexual. No hay un solo espacio donde las mujeres estemos seguras, y la narrativa presidencial nos pone en riesgo, cuando desestima, desvirtúa o descalifica nuestra exigencia legítima y derecho a una vida libre de violencia.

El luto nacional también es por la muerte y trágica perdida de un Estado de Derecho a causa de su militarización, de la ingobernabilidad, de la indolencia, la impunidad y la corrupción de las propias autoridades por acción y omisión en delitos que cada vez están íntimamente ligados, como son los feminicidios, la desaparición forzada, la trata con fines de explotación sexual y la delincuencia organizada, muchas veces solapada, protegida e incluso actuando como metaestructuras con el poder en los territorios que habitamos y transitamos las mujeres y niñas mexicanas.

De las 32 entidades federativas que conforma nuestro país, hay 28 estados con Alertas de Violencia de Género. ¿Esto no es dato suficiente y una radiografía clara y contundente para declarar la Emergencia Nacional y la Alerta de Género en todo el país?

Existen omisiones reiteradas por parte de las autoridades de gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para las mujeres adolescentes y niñas. Lo que nos lleva a afirmar que estamos frente a un Estado fallido que no ha tomado las medidas necesarias para proteger nuestras vidas. En un contexto de violencia generalizada es impensable el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.

La realidad que no quieren ver, acredita por sí misma, todos los supuestos de la ley y a pesar de ello, han negado nuestra petición de que se declare el país en la emergencia por la violencia imparable que pone en riesgo la integridad, seguridad y vida de mujeres y niñas.

Por lo anterior, hacemos un extrañamiento enérgico a los Gobiernos Federal y estatales por su incompetencia y graves omisiones en el ejercicio de sus funciones, auspiciando con ello un Estado de Impunidad, donde la vida institucional y los derechos humanos están en riesgo.

La propia CEDAW recomendó de manera enfática “adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, incluso abordando las causas profundas de dicha violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación”, y continuar con los avances en materia legislativa, así como los esfuerzos programáticos y de política pública y asegurar los recursos presupuestarios suficientes para hacer efectivos los derechos de las mujeres.

Exigimos desde ahora la proyección, diseño, planeación y ejecución de un presupuesto basto y dirigido que revierta la curva creciente y constante de un innegable, inhumano e insostenible exterminio de las mujeres y niñas;

Exigimos consecuencias, que todo funcionario o funcionaria que no cumpla con sus responsabilidades constitucionales y convencionales de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres y niñas, debe irse y debe sancionarse;
Urgimos la legislación para contar con un Código Penal Único y lograr la Homologación del tipo penal de feminicidios y sus sanciones;

No basta el combate a la corrupción, exigimos un ejercicio frontal combate a la impunidad donde no quede fuera ningún ámbito territorial, y con el acompañamiento de la sociedad civil organizada;

Exigimos al Estado Mexicano dé el mismo trato político y presupuestal al feminicidio, a la trata de personas, y a las violencias generalizadas, que otorga a temas que pareciera que solo a los hombres en el poder les interesan, tales como el narcotráfico, el combate a la corrupción, al huachicol o la inflación;

Urgimos se generen de inmediato las reformas necesarias para contar con juzgados especializados;

Exigimos al gobierno mexicano que si su lucha contra el neoliberalismo es seria y comprometida, instrumente acciones inmediatas y una política pública integral y frontal para desmontar el sistema prostitucional, y vea en el abolicionismo de toda clase de explotación sexual la ruta para sentar, en otras bases, un nuevo modelo económico;

Exigimos que se cumplan de manera efectiva las sentencias emitidas por la Corte interamericana de DDHH, así como todas las recomendaciones y se garantice una reparación integral del daño a todas las víctimas, así como el acceso a la justicia;

¡Por nuestro derecho a vivir libres de todo tipo de violencia y la respuesta inmediata del estado, no daremos ni un paso atrás!