“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” es una consigna que tiene sentido para las feministas de Guanajuato porque lo han vivido y lo saben. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

Guanajuato. Gjto.- “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” es una consigna que tiene sentido para las feministas de Guanajuato porque lo han vivido y lo saben. En este estado, las movilizaciones son reprimidas y las mujeres golpeadas y torturadas por agentes de corporaciones locales. 

En la entidad que presume ser “grandeza de México” porque así lo dice su eslogan, la criminalización del movimiento feminista ha sido sistemática, tiene antecedentes en protestas en León y en la capital y más recientemente en Irapuato con la detención de 28 mujeres, quienes fueron golpeadas, retenidas, torturadas y amenazadas de muerte. 

La información de incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sitúan a Guanajuato como la entidad que registra el mayor número de homicidios dolosos contra mujeres, con 87, de enero a marzo de este año. La entidad ocupa también el primer lugar en homicidios culposos con 106 víctimas hasta la misma fecha y registra cinco casos de feminicidio en lo que va del año.

La violencia contra ellas se traduce en el segundo lugar nacional con más víctimas de lesiones dolosas, con mil 552 durante el primer trimestre del 2022 y 79 presuntas víctimas de corrupción de menores, además de 226 denuncias por violación.

Con estos datos Guanajuato ocupa el noveno lugar con más llamadas de emergencia con incidentes de violencia contra las mujeres con 2 mil 21 denuncias y el cuarto por incidentes de acoso u hostigamiento sexual, solo considerando datos de 2022. 

En 2020, la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) alertó en su informe “Violencia Feminicida en México: Aproximaciones y Tendencias”, sobre la escalada de Guanajuato del lugar 25 hasta el 4 en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio. 

Junto con estas cifras, las protestas de mujeres por vivir estas violencias han crecido, y han encontrado como respuesta la represión de autoridades policiales locales, pues se ha documentado la intervención de agentes municipales y estatales. 

Y aunque autoridades aseguran que existen protocolos de actualización, se ha dado capacitación y existen unidades de género, los eventos de violencia contra movimientos feministas se han repetido de forma similar en distintos puntos del estado, mientras los servidores públicos involucrados han quedado impunes. 

“Nos dijeron que nos iban a quemar”, coinciden testimonios 

En videos que circularon en redes sociales del domingo primero de mayo se observan policías con listones color violeta corriendo detrás de manifestantes feministas en la zona centro de Irapuato. Las mujeres eran parte de una manifestación por las desapariciones y feminicidio en esta ciudad. En más videos aparecen las mismas policías golpeando, insultando y deteniendo a manifestantes en grupos de dos ó tres. En algunos casos, las mujeres ya sometidas recibieron patadas y cachetadas. 

Lo que se documentó fue sólo parte del infierno que vivieron al menos 28 mujeres al ser detenidas por las agentes municipales supuestamente capacitadas con perspectiva de género, pues al ser retenidas al interior de la Presidencia Municipal y luego en las instalaciones de Seguridad Pública, el maltrato y el abuso se multiplicó al extremo del trauma. 

En un testimonio que se hizo público a través de redes sociales, una joven relató lo que vivió cuando fue detenida por policías municipales: patadas, cachetadas, burlas, amenazas de muerte y desaparición. Los testimonios coinciden en que hubo agresiones de tipo sexual. 

“Los polis me empezaron a golpear ahí afuera de presidencia, fueron seis mujeres policías y un policía hombre me golpeó la cara con una patada y me arrastraron hasta la presidencia. Hasta adentro me arrastraron; me acuerdo que yo llevaba el pants hasta abajo y tengo toda mi espalda baja raspada. Me ahorcaron con mi camisa y ya estando adentro nos empezaron a amenazar, nos dijeron que nos iban a cortar la cabeza”, relató. 

Aunque fueron 28 las manifestantes detenidas, ella aseguró que había más de 100 mujeres retenidas en el interior de la Presidencia Municipal. Se desconoce si las demás fueron liberadas o qué pasó con ellas.

“Nos echaron alcohol en la cara y en el cuerpo y nos dijeron que nos iban a quemar y yo escuché que dijeron pásame los cerillos para quemar a estas culeras, dijeron que ni siquiera se iban a dar cuenta y que no iban a hacer nada de que nos habían matado”, recordó. 

Les bajaron el pantalón a las jóvenes que permanecían retenidas, pero la joven que ofreció el testimonio aseguró que ella no se dejó tocar y por ello recibió macanazos en distintas partes del cuerpo, incluida una herida profunda que se hizo en la pierna. 

También fue testigo de cómo a una compañera la “nalguearon” los policías, esto cuando les hicieron bajarse los pantalones a varias de ellas. Esta versión sobre los hechos la han mencionado varias de las afectadas. 

“Vi que a una compañera (una mujer policía) le bajó el pantalón y la empezaron a dar nalgadas, después de eso nos tiraron al piso, no nos dejaban de golpear, cada que yo levantaba la cabeza me azotaban contra el piso, todas eran mujeres policías”, señaló otra de las detenidas en una entrevista. 

Los agentes municipales, de los que se sabe, había más de 100 al interior de la Presidencia Municipal, también las amenazaron con violarlas con los toletes que portaban. 

De acuerdo con el artículo 264 del Código Penal para el estado de Guanajuato, “la tortura es cometida por un servidor público que con motivo de sus funciones, por sí o por medio de otra persona, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, con el fin de obtener, de ella o de un tercero, información o una confesión, de investigación, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras para que realicen o dejen de realizar una conducta determinada”.

La legislación impone de tres a diez años de prisión y de cien a doscientos días multa, así como la inhabilitación del funcionario por la comisión de este delito. 

Supuestamente estas agresiones también ocurrieron a la vista de elementos de Protección Civil y de Tránsito, quienes no intervinieron para detener la violencia.

Retenidas e incomunicadas; se alargan agresiones en separos 

Las 28 mujeres fueron trasladadas a los separos en donde los insultos y las agresiones continuaron, pues al bajarlas de las patrullas en las que fueron trasladadas las despojaron de dinero y celulares, objetos que ya no les fueron devueltos.

Cuando llegaron tampoco les permitieron llamar a su familiares, no les ofrecieron agua o comida y las tuvieron más de tres horas en el pasillo de la Dirección de Seguridad Pública antes de pasarlas a revisión con el médico legista de guardia. Los testimonios también señalan que en la revisión en este lugar les tocaron los pechos, como una supuesta revisión de rutina. 

Pese a que el médico legista atestiguó los golpes que cada una de ellas llevaba, no se vieron reflejadas en los reportes y en algunos casos sólo les ofreció una pastilla de paracetamol para el dolor. 

Ya en las celdas les prestaron unas cobijas después de mucho insistir; sin embargo, ninguna de las mujeres durmió porque alrededor de las 3:30 de la mañana un policía les dijo: “si no se duermen chingaron a su madre porque a las 6 las levanto”.

Mientras ellas recibían todo este maltrato, afuera de este lugar madres y familiares de todas ellas buscaban información, pero ninguna autoridad se las proporcionó. Por los videos se enteraron de lo que había pasado y del trato que habían recibido. 

Cuando amaneció un funcionario, del que dijeron desconocer su identidad, les advirtió a los policías darles buen trato a las detenidas por la atención mediática que había sobre los hechos y la presión que estaban ejerciendo las familias afuera de los separos. 

Hasta las 10 de la mañana del día siguiente fue que familiares de las jóvenes pudieron ingresar para verlas, preguntarles cómo se encontraban y darles comida y agua. A ellos les relataron todos los abusos que sufrieron. 

“Entré a ver a mi nieta, me la golpearon, tiene 13 años y mi hija me dijo que uno de los comandantes le dijo que si se metía le iba a mochar la cabeza, así le dijo y a mi niña le duelen mucho sus costillas porque la golpearon. Tiene 13 años, ¿cómo es posible que nos hagan esto estos policías?”, reclamó la abuela de una joven después de verla en los separos. Hoy se sabe que de las 28 detenidas, cinco eran menores de edad y todas fueron tratadas de la misma forma. 

Las manifestantes duraron casi 30 horas detenidas, después de que la organización “Las Libres”, que encabeza la defensora Verónica Cruz Sánchez, intervino y pidió información sobre cada una de los casos.

Además colectivos feministas de diferentes ciudades realizaron movilizaciones a través de redes sociales para hacer la misma exigencia. 

2020: agentes estatales contra buscadoras 

Primero en julio y luego en agosto de 2020, dos movilizaciones feministas, con distintas causas, fueron reprimidas por elementos del estado y policías municipales. De estos hechos se derivaron recomendaciones por violaciones a Derechos Humanos, pero los agentes que ejercieron violencia quedaron impunes. 

El 10 de julio de 2020, el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Hasta Encontrarte”, decidió tomar la entrada de la ciudad de Guanajuato para rechazar la designación del titular Comisión de Búsqueda en Guanajuato, Héctor Díaz Ezquerra. Entre las buscadoras de este colectivo se había acumulado el enojo porque el congreso local había aprobado una ley que no garantizaba los derechos de las víctimas en la entidad. 

Las mujeres habían permanecido en plantón varios días a las afueras del Teatro Juárez en el centro de la ciudad y sus peticiones no habían sido escuchadas, recuerda Bibiana Mendoza, líder del colectivo. 

“En aquella ocasión no tenía un argumento de que ellos hubieran querido que nuestra manifestación fuera agresiva, pero aquella era una manifestación pacífica y silenciosa y aún así sufrimos de golpes, agresiones y de insultos y de detenciones arbitrarias”, señaló.

La manifestación fue reprimida por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). De la movilización, cuatro mujeres resultaron detenidas e incluso, por supuesta “confusión” fue encarcelado un visitador adjunto de la coordinación del programa de personas desaparecidas de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

“No se me va a olvidar que cuando vi a mis compañeras unas jaloneadas, otras siendo golpeadas, se me acercó una persona, la verdad no recuerdo el nombre: dile a tus compañeras que si se suben a la glorieta ya no las van a golpear. Yo le creí a esta persona que iba por parte del gobierno del estado y le dije a mis compañeras que nos subamos a la glorieta que ya no nos van a golpear, ellas acceden”.

“… todas nos comenzamos a subir a la glorieta y desgraciadamente en la glorieta es donde se da el hecho de que una de mis compañeras resultó con un pie quebrado, que hasta la fecha no ha logrado recuperarse y ya van casi dos años de esa fecha”, agregó. 

Bibiana sostiene que antes del enfrentamiento una patrulla de policía provocó a los manifestantes acelerando el vehículo y cuando llegaron los antimotines, los golpes comenzaron de inmediato. 

“Hubo la detención de tres de las personas que estaban ahí manifestándose, se les levantaron cargos, aún esa carpeta ya no está en su contra pero la carpeta en contra de la acción policial sigue abierta hoy en día”. Los elementos que agredieron siguen impunes. 

La buscadora lamenta que en Irapuato se haya replicado este actuar, pues en Guanajuato hay una gran cantidad de mujeres desaparecidas de entre 14 y 17 años, quienes se presume son víctimas de una red de trata. 

“El contexto de desaparición de las mujeres no es igual al contexto de desaparición de los hombres, desgraciadamente a los hombres los estamos encontrando a diario en las fosas clandestinas… yo  creo que el gobierno no ha querido reconocer que en Guanajuato existe la red de trata de personas y estas mujeres que salieron a marchar ese día llevan años guardando todo este coraje, toda esta impotencia y que nosotros como colectivo hemos vivido”.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación, en Irapuato de enero de 2020 a mayo de 2022 existe el registro de 109 personas desaparecidas: 84 hombres y 21 mujeres. Sin embargo, colectivos aseguran que existe una gran cantidad de casos de desaparición que no se denuncian. 

Distintas ciudades, los mismos métodos

La represión en Irapuato parece una copia de lo que ocurrió el 22 de agosto de 2020 en León. En aquella ocasión, la movilización de mujeres surgió porque se comprobó una agresión sexual en contra de una de una menor de edad por parte de dos policías en una caseta de policía en la zona del Expiatorio. 

La periodista Melissa Esquivias estuvo en ese lugar y aseguró que no fue un acto que se salió de las manos de la corporación policial, “fue algo que se premeditó porque se esperaron a que se dispersaran, a que las chavas se encontraran más indefensas para proceder a las detenciones y también se esperaron a que no hubiera medios de comunicación porque nosotras las vimos por casualidad, pero ya no había medios”.

Recordó que acudió a la marcha porque notó la inusual detención de una manifestante, llegó cuando la protesta se estaba dispersando y parecía que todo terminaría con normalidad. Sin embargo, ella y otra compañera periodista se dieron cuenta que grupos de mujeres policías iban siguiendo a las manifestantes.  

Algunas manifestantes regresaron a la zona de la marcha para verificar qué ocurría con la compañera detenida; las policías comenzaron a mostrar una actitud agresiva y cuando intentaron llevarla detenida comenzó la violencia. 22 mujeres fueron detenidas. 

Quedó documentada en video la agresión a una reportera y Melissa asegura que fue esposada y luego liberada al ser identificada como medio de comunicación, aunque de esto no quedó registro. 

“Fue algo premeditado, las policías estaban respondiendo a un cambio de orden que primero fue dejar que la protesta se llevara a cabo de manera libre y después reprimir y detener a quien se pudiera detener y quien pareciera sospechosa y a quien ellas se les diera la gana”, dijo. 

Las agresiones transcurrieron por al menos 20 minutos, con intervención de más de 10 patrullas y alrededor de 30 policías al mando del director de la corporación, Jorge Guillén Rico, pues entonces el secretario de Seguridad Mario Bravo se encontraba de vacaciones. 

Pese a que hubo recomendaciones de Derechos Humanos y se vinculó a proceso a mujeres policías por los hechos, los altos mandos fueron ratificados en sus cargos por la actual alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez. Otra vez impunidad. 

Días después, en una reunión con integrantes del Club Rotario de León, el secretario de Seguridad Pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca, defendió la actuación de la policía en León y dijo textualmente: “No podemos convertir a León y a Guanajuato, ni a Celaya, ni a Salamanca, en un manifestódromo violento como se ha convertido ahora la Ciudad de México, que en aras de, en mi concepto, una mal entendida protección de los Derechos Humanos, pues deja que te tumben monumentos históricos, que entren y roben las tiendas y dañen los comercios, que afectan sobre todo el sentimiento de seguridad de la población y creen un caos vial”. El funcionario después rectificó. 

“Nada ha funcionado”, violencia misógina se repite 

“Cuando ocurrió el primero una pensaría que ya lo menos que tiene que hacer después de resolver ese problema es que no se vuelva a repetir, se repite en León y luego en Irapuato”, reflexiona la directora de la organización “Las Libres”, Verónica Cruz. 

Recordó que tras los hechos de violencia ocurridos en León, la Procuraduría de los Derechos Humanos emitió recomendaciones a los ayuntamientos para generar protocolos de actuación para atender manifestaciones feministas y que esto no volviera a ocurrir. Casi dos años después, volvió a ocurrir. 

“Vemos que se vuelve a repetir y es la brutalidad de violencia que todos vimos en los vídeos; ahí están las imágenes, ahí están los hechos, digamos, pero es mucho más brutal porque ya es una tercera vez en el estado contra mujeres y en esta vez mayoritariamente mujeres policías, las que agreden a mujeres”. 

“Es un sinsentido porque las mujeres que marchan dicen ‘pero si marchamos también por los derechos de ustedes, cómo es posible que recibamos más violencia’ y luego el municipio en este caso, liderado por una alcaldesa, las manifestantes dicen ‘pero es una mujer’….hemos visto que no tienen diferencia ser mujer o ser hombre para ejercer violencia, para reproducir la violencia misógina, machista y sexista”, refirió. 

La secretaría ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López, declaró a medios que hay protocolos homologados en este sentido, pero la directora de “Las Libres” considera que en Guanajuato hay un problema serio porque estos no han funcionado y tampoco las inversiones que se han hecho en capacitaciones. 

“Por más sensibilización, tanto dinero que se ha gastado en este país, en este estado, en sensibilizar, en capacitar a policías, a prestadores, a legisladores, a los tomadores de decisiones y vemos cuando pasan este tipo de cosas que nada ha funcionado, nada sirve, ¿entonces qué hacemos?, pues sí sancionar a quien haya ejercido estos abusos de autoridad”.

Para la defensora es necesario que se garanticen los castigos a los responsables, en este caso a elementos de policías que han repetido las agresiones a mujeres y por supuesto que la profesionalización siga, pero que se verifique su cumplimiento. 

Sobre la situación legal de las mujeres detenidas a quienes “Las Libres” acompañará de manera gratuita en sus procesos legales, dijo que se presentarán denuncias por los abusos policiales. Lamentó la criminalización de la protesta por parte de la autoridad municipal, porque fue el ayuntamiento el que presentó los cargos y advirtió que se buscarán las sanciones para los responsables de dar la orden de agresión a las manifestantes. 

“No puede quedarse solo en ese eslabón, es quien les dio la orden, porque sabemos que así son estas estructuras y se tiene que responsabilizar a los tomadores de decisiones porque si no se sanciona en lo individual a las personas y ya, y no puede quedarse sólo en ese nivel, si le seguimos abonando a la impunidad se va a volver a repetir”, subrayó. 

En 2021, Irapuato fue el lugar 21 en el ranking de las ciudades más violentas del mundo con 53.56 homicidios por cada 100 mil habitantes, elaborado por Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. 

De acuerdo con registros del Observatorio Ciudadano de Irapuato la ciudad acumula en 2022, 56 homicidios dolosos y 42 denuncias por violación. En 2020, los homicidios totales en la ciudad fueron 300 y en 2021 225. 

Además Irapuato registró en 2020 dos casos de feminicidio y para 2021 la cifra fue de seis casos, lo que significó un crecimiento de 198 por ciento de agresiones de este tipo contra mujeres. 

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, rechazó en un inicio la represión, días después aceptó los abusos policiales y dijo que el asunto se atiende en las instancias internas de la corporación. En tanto, las víctimas de estas agresiones han denunciado públicamente hostigamiento de policías en sus hogares y trabajos. Tienen miedo, pero quieren justicia.