Querétaro, 28 Abril 2022.- En sesión solemne de Pleno de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, el titular de la Fiscalía Especilizada en el Combate a la Corrupción, Benjamín Vargas Salazar, presentó su quinto informe de actividades al frente de la dependencia.
El fiscal anticorrupción explicó que se registraron 51 carpetas de investigación, judicializando 14 de ellas, por los delitos de cohecho, peculado, desempeño indebido y abandono del servicio público.
Además por desempeño irregular de las funciones públicas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la administración de justicia, asociación delictuosa, falsificación y uso indebido de documentos falsos o alterados; así como destrucción, alteración o daño de actuaciones u objetos relacionados con ellas.
Informó que durante este año se dio sentencia a 15 personas, entre servidores públicos y particulares, que acumulan 39 años de prisión y 22 años de inhabilitación. Al respecto, Benjamín Vargas resaltó el incremento del 100 por ciento de procedimientos en comparado con el año 2020.
“Son 15 personas que no pueden lesionar los derechos colectivos. Esto representa un 100 por ciento más en relación con el periodo inmediato anterior; la pena de prisión que fue impuesta por los jueces a los responsables en este periodo es de más de 39 años de prisión y más de 22 años de inhabilitación, para desempeñar cargos públicos en el ámbito municipal y estatal”, precisó.
El titular de la Fiscalía indicó que en 5 años, se han judicializado 68 carpetas de investigación, en las cuales se determinó vincular a proceso a 18 personas, entre ellos a un presidente municipal, un director de Finanzas públicas municipal; un notario público, un juez cívico, personal de Protección Civil municipal, personal administrativo estatal, personal operativo para el uso de la fuerza pública municipal y estatal; así como a algunos particulares.
“En base a las investigaciones sólidas se logró que sentenciaran a 31 personas que desempeñaban distintos cargos en la administración pública, así como a particulares, acumulando la imposición de más de 100 años de prisión.
Esta cifra, refirió, genera una sumatoria de más de 77 años de inhabilitación; además de que se giraron 12 órdenes de captura las cuales fueron cumplimentadas por el grupo de policía Anticorrupción, mediante el uso de la tecnología y la inteligencia, de un total de 57 órdenes de aprehensión emitidas.