En 2021, las mujeres representaron 33 por ciento del total de los eventos de detención migratoria (307 mil 679) en México, y 41 por ciento en las solicitudes de asilo (131 mil 448). 73 por ciento proviene de Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití. La desigualdad y la violencia de género son una de las principales causas por las cuales salen de sus países en busca de protección internacional.
La violencia que impera en los países de origen, donde las mujeres son agredidas por distintos actores ante el limitado esfuerzo de los gobiernos locales para protegerlas, las condena a desplazarse en busca de una vida digna y libre de violencia. Aunque existen marcos jurídicos vigentes contra la violencia de género en los países centroamericanos, los sistemas patriarcales no permiten que estas legislaciones protejan su vida.
La violencia de género que viven las mujeres migrantes y solicitantes de protección internacional en sus países de origen se correlaciona con otros factores estructurales, como la dificultad para acceder a servicios públicos de salud, de educación, de vivienda digna, y las dificultades para su integración sociocultural ante las actitudes racistas y xenófobas de los gobiernos y las sociedades en los países de tránsito y destino.
Guatemala tiene una de las tasas más altas de feminicidio con 2.0 asesinatos por cada 100 mil mujeres, la cuarta más alta entre los países de América Latina. Las guatemaltecas se enfrentan a la violencia por parte de las pandillas o grupos armados criminales, quienes utilizan la violación como una estrategia para mantener su autoridad. Sumado a los altos índices de impunidad, con una tasa de entre 97 y 99 por ciento, hacen que las mujeres recurran a la migración como un recurso para mantenerse seguras.
En Honduras, las mujeres enfrentan una violencia de género extrema por parte de las pandillas, además de ser considerado uno de los 50 países más corruptos a nivel global. A las sobrevivientes de la violencia de género les resulta difícil denunciar ante la policía los delitos por miedo a las represalias. Mientras que las mujeres garífunas enfrentan no sólo la violencia de género, sino también el rechazo por su etnia.
La Asociación de Afrodescendientes del Valle de Sula estima que diariamente alrededor de 60 mujeres garífunas hondureñas se suben a los trenes que viajan hacia el norte a través de Guatemala.
El Salvador es conocido por tener una de las tasas de migración más altas de América, 24 de cada 100 personas viven fuera del país. Aunque el Estado salvadoreño ha creado leyes especializadas destinadas a abordar la violencia de género o instancias especializadas, no son suficientes ante la apabullante violencia que viven las salvadoreñas.
En 2018 se creó Unimujer, una unidad policial especial para responder específicamente a los casos de violencia contra las mujeres, sin embargo, estos espacios son vigilados por las pandillas, lo que disuade a las mujeres de denunciar los abusos ya que es probable que sean vistas como informantes de la policía. Las pandillas utilizan la violencia sexual como medio para mantener la autoridad y el dominio sobre una zona determinada, al tiempo que reprimen la resistencia. La condición de las mujeres se vuelve muy peligrosa debido a la cultura machista del país, unida a las prácticas de las bandas criminales que promueven la violencia y desvalorizan a las mujeres de forma habitual.
Por su parte Haití no cuenta con una legislación formal contra la violencia familiar, el acoso sexual y otros tipos de violencia de género, pese a que desde 1981 ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). El terremoto de 2010 exacerbó la violencia sexual y de género, en especial porque el desplazamiento puso a las mujeres y a las niñas en situación de mayor vulnerabilidad. Las sobrevivientes de la violencia de género tienen pocos recursos para denunciar estos casos ante las autoridades debido a la impunidad, la hostilidad y discriminación en los sistemas judiciales haitianos.
Este es un esbozo de los contextos de donde escapan las mujeres migrantes y solicitantes de protección internacional, pero México no las recibe diferente, la violencia es transversal a su experiencia de movilidad, pero se hace invisible ante la normalización.
A ellas, las migrantes y solicitantes de asilo, se les condena a través del ejercicio de su maternidad y de la cosificación de sus cuerpos, normalizando la violencia que viven en su tránsito por el país, mientras la violencia institucional, principalmente a manos de los agentes del Instituto Nacional de Migración y diferentes corporaciones policiacas, las persigue y les limita la posibilidad de una regularización migratoria o de solicitar protección internacional.
En contraste, son ellas, las mujeres migrantes y refugiadas, quienes sostienen el desarrollo de los países y lideran respuestas ante las amenazas a la sustentabilidad de la sociedad, como el cambio climático, por lo que cada día se convierte en una oportunidad para cuestionarnos cómo estamos construyendo a las mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas, qué sabemos de ellas y sus contextos, cómo facilitamos su integración y en qué medida sus aportes contribuyen al desarrollo de nuestro país, porque como tú, buscan y merecen una vida libre de violencia.