Ciudad de México.- Tras dos años de discusión, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta las 24 semanas de gestación, y urgió al Congreso a implementar una política pública en materia de educación sexual.
En una sesión extraordinaria, las y los magistrados de la Corte Constitucional resolvieron una demanda interpuesta en 2020 por el movimiento feminista “Causa Justa” (conformado por más de 100 organizaciones y 130 defensoras del derecho al aborto) contra el artículo 122 del Código Penal para eliminar el delito de aborto por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud.
Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Constitucional determinó que la conducta de aborto sólo será punible cuando se realice después de la semana 24 de gestación; también determinó que este límite temporal no será aplicable en los siguientes supuestos:
- El aborto no será castigado cuando la continuación del embarazo resulte en peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un personal médico
- Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificado por un personal médico
- y cuando el embarazo sea resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.
En su resolución, la Corte declaró la exequibilidad condicionada (que es limitadamente acorde a la Constitución) del artículo 122 de la Ley 599 de 2000, relacionado con la descripción del delito de aborto. También exhortó al Congreso de la República colombiana y al Gobierno Nacional para que “en el menor tiempo posible” formule e implemente una política pública integral –incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requieran, según el caso– “que evite los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes.
La Corte determinó que esta política tenga como mínimo:
- la divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo
- la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en la sentencia
- instrumentos de prevención del embarazo y planificación
- el desarrollo de programas de educación sexual y reproductiva para todas las personas
- medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras
- y medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desean abortar
Es de recordar que en febrero de 2021 la Corte Constitucional rechazó una demanda que buscaba la prohibición total del derecho al aborto y la eliminación del modelo por causales, actualmente se permiten tres: cuando existe riesgo de salud física y mental para la mujer, por malformación del feto o en casos en que el embarazo sea producto de una violación.
A un día del fallo, las reacciones de diversos grupos y políticos no se hicieron esperar. Por ejemplo, la prensa colombiana destaca las declaraciones del presidente del Congreso Juan Diego Gómez quien aseveró que esta decisión tan importante no debe quedar en manos de 5 magistrados y manifestó su preocupación porque este fallo abra la puerta para que el aborto se tome como un método de “planificación familiar” e incluso propuso llevar a cabo un referendo para que sean las y los colombianos quienes decidan.
En los últimos años las feministas de la región se han movilizado para impulsar leyes que permitan a las mujeres ejercer su derecho al aborto toda vez que los países de América Latina y el Caribe tienen las legislaciones más restrictivas. En Argentina el aborto se despenalizó en 2018 y se permite hasta la semana 14 de gestación y amplía las causales de interrupción del embarazo y se incluyó la objeción de conciencia. también fue resultado de años de lucha del movimiento feminista argentino aglutinado en la “Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito” cuyo emblema fueron los pañuelos verdes que han dado la vuelta al mundo.
De acuerdo con información recopilada por la organización “La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres”, en el informe “La criminalización del aborto en Colombia”, se encontraron 5 mil 737 casos sobre aborto ocurridos desde 1998 hasta el 2019, entre los cuales se pudo extraer patrones de persecución y criminalización, en especial desde la despenalización parcial en el año 2006. Particularmente, se observó un aumento de casos de aborto entre 2006 y 2019, dice el informe.