Ciudad de México.- Con críticas por la falta de difusión del proceso de consulta organizado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y por la falta de autoridades de alto nivel, el 15 y 16 de enero tuvo lugar en Oaxaca el segundo foro regional para crear una Ley General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde las y los participantes expresaron su rechazo sobre la propuesta de pasar las responsabilidades de protección a los estados.
En el foro, periodistas y personas defensoras preguntaron cómo se hará responsable al estado de Oaxaca de la protección cuando ellos también son los autores de las agresiones, cómo se solucionará la impunidad en los crímenes contra la prensa, cómo se transitará de un modelo preventivo de protección a uno preventivo, cómo se garantizarán la perspectiva de género y el presupuesto para proteger al gremio en riesgo.
De acuerdo con la Segob, de diciembre de 2018 hasta el 26 de enero se tiene contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras. Oaxaca junto con Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora y Veracruz, concentran 57 por ciento de las agresiones a periodistas; y junto con Chiapas, Chihuahua, Guerrero, y Veracruz, 64 por ciento de agresiones en contra de personas defensoras.
En este contexto, la integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección, Sara Méndez Morales, recordó que el pasado 10 de febrero, en el puerto de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, fue asesinado a tiros el periodista Heber López Vásquez, lo que movilizó al gremio en una manifestación este 14 de febrero. Ante ello preguntó para qué redactar una nueva ley si la actual no ha sido cumplida a cabalidad.
En su participación, la directora de Consorcio Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, afirmó que una ley general no va a resolver la impunidad, la violencia del crimen organizado y la falta de eficiencia organismos que ya existen; mientras que la periodista Soledad Jarquín Edgar, cuya hija, la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín fue asesinada en junio de 2018 cuando trabajaba para la Secretaría de Asuntos Indígenas. Ella fue asesinada junto a la entonces candidata a segunda concejal de Juchitán, Pamela Terán Pineda y el chofer, Adolfo Guerra.
La periodista Soledad Jarquín señaló que en el caso de su hija hubo robo de pruebas sustanciales, se fabricaron testigos y se obstaculizó el desarrollo de las audiencias, y aunque se abrió una carpeta por homicidio calificado, en esta se decretó inacción penal contra el imputado debido a las irregularidades en el proceso, y hay una carpeta de investigación por el delito de robo cuya audiencia será hasta enero de 2023, lo que demuestra que en el caso de defensoras y periodistas la justicia se niega sistemáticamente a nivel estatal.
Cabe recordar que los días 17 y 18 de enero de 2022 la Segob realizó el primer foro donde se escucharon las inquietudes de integrantes de organizaciones de la sociedad civil con trabajo en libertad de expresión, periodistas y personas defensoras, respecto a la creación de una nueva ley que pretende distribuir competencias entre los distintos órdenes y niveles de gobierno, la cual próximamente será presentada ante el Congreso de la Unión para su aprobación. El segundo foro se realizó este 15 y 16 de febrero y en el segundo día del encuentro en Oaxaca se enfocó en analizar el marco legal propuesto por Gobernación.
Sin el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y sin representantes de alto nivel, personas defensoras y periodistas consideraron que no hay necesidad de crear una ley general porque de ser así quedarían en vulnerabilidad ya que la propuesta es que los estados también se hagan cargo de la seguridad de periodistas cuando se sabe que las autoridades tanto estatales como municipales son sus agresoras.
De acuerdo con el balance anual 2021, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), se registraron 227 agresiones contra mujeres periodistas, de las cuales 31.2 por ciento fueron cometidas por funcionarios federales, 41.2 por ciento por estatales y 27.5 por municipales.
Desde 2012 existe la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Mecanismo de Protección, éste último creado para proteger a personas en riesgo. Hasta enero este Mecanismo tenía mil 508 personas beneficiarias, 495 periodistas (155 mujeres y 360 hombres) y mil 023 personas defensoras (551 mujeres y 472 hombres) con medidas de protección.
En enero el titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección, Enrique Irazoque Palazuelos, aseguró que “pareciera que las autoridades estatales y locales no están cumpliendo con sus responsabilidades, ya que lo que surgió como un Mecanismo extraordinario, se convirtió la ventanilla única de atención o la única política pública para defender el tema”.
Periodistas y defensores de Oaxaca, entidad donde CIMAC ha documentado 53 agresiones contra mujeres periodistas de 2010 a 2022, pidieron que se tomen en cuenta sus necesidades, por ejemplo, que muchas de estas personas viven en regiones rurales o son de pueblos originarios y afrodescendientes.
Enrique Irazoque Palazuelos acordó que realizará reuniones con organizaciones de Oaxaca y que llevará a cabo más foros en regiones del estado y contemplará el enfoque de género, intercultural, interseccional y diferenciado.