Ciudad de México.- En medio de dudas de la sociedad civil y a una década de la creación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –y su Mecanismo de Protección–, la Secretaría de Gobernación (Segob) inició los trabajos para derogar esta norma y crear otra de carácter general.
El argumento es que, a pesar de la ley, las agresiones en contra de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos continúan y se han incrementado, hasta abril de 2021 sumaban mil 848 personas con medidas de protección, 796 de ellas mujeres, de las cuales 191 son periodistas y 605 son defensoras, según datos oficiales.
Es por esta razón que la Segob plantea crear una nueva norma que distribuya competencias entre los distintos órdenes y niveles de gobierno, la cual próximamente será presentada ante el Congreso de la Unión para su aprobación.
“Es momento de hacer un alto en el camino y una profunda reflexión para encarar un fenómeno delictivo que lamentablemente, a pesar de las acciones que el Estado mexicano ha emprendido a lo largo de estos 10 años, no ha logrado revertirse”, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez.
Así lo dijo este lunes 17 de enero, durante el primer diálogo regional para impulsar la redacción de una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que va a sustituir la ley vigente desde junio de 2012, la cual fue construida de la mano de la sociedad civil.
Encinas Rodríguez expuso que con esta propuesta de ley se atenderá la falta de compromisos y la indefinición de las competencias y concurrencias que los distintos órdenes de gobierno tienen en la atención de la violencia contra periodistas y personas defensoras. “No estamos haciendo un ejercicio de simulación, sí queremos hacer un debate efectivo”, afirmó.
Segob busca corresponsabilidad de estados
El titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, Enrique Irazoque Palazuelos, expuso que el Gobierno de México, congruente con sus convicciones, reconoce la crisis de Derechos Humanos que transitamos desde el año 2006 y el aumento de agresiones hacia personas defensoras y periodistas, tema en el que debe de existir una corresponsabilidad entre municipios, estados y federación.
El funcionario explicó que a partir de este sexenio, el número de personas inscritas como beneficiaras en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado como parte de la ley que entró en vigor en 2012, aumentó más de 90 por ciento en comparación con el sexenio anterior. Es por eso que de 2019 a 2021 se han ejercido mil 200 millones de pesos en la protección de este gremio.
De acuerdo con datos del Mecanismo de Protección, en 2012 había 48 personas registradas como beneficiarias, de las cuales 28 eran mujeres defensoras y ninguna era mujer periodista. La cifra de personas con medidas de seguridad se incrementa cada año y en abril de 2021 sumaban mil 848 personas, entre ellas 191 mujeres periodistas y 605 mujeres defensoras.
Este año, explicó Irazoque Palazuelos, comenzó con un presupuesto histórico de 388 millones de pesos, la cantidad más alta asignada a este órgano en lo que va de su existencia.
La propuesta de una nueva ley, dijo, es contar con “un marco legal de mayor alcance” ante el reto que representa la delincuencia organizada, la impunidad, la falta de colaboración de autoridades locales, el involucramiento de autoridades municipales con grupos de delincuencia y su participación activa en las agresiones que viven periodistas y personas defensoras.
El plan de Segob es que la nueva norma genere una cobertura nacional y de reacción efectiva en términos de protección y prevención de las agresiones, aborde las obligaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y fortalecezca el actual Mecanismo de Protección, que ahora será de carácter nacional y con resoluciones vinculantes para las autoridades de todo el Estado mexicano.
La nueva ley creará un Sistema Nacional de Prevención y Protección integrado por autoridades estatales y federales, por un Mecanismo nacional y un Consejo Ciudadano; también se creará un Protocolo Nacional de protección, vinculante con todas las autoridades del país; un Registro Nacional de agresiones y se reconocerá el derecho a defender Derechos Humanos y a ejercer el periodismo y la libertad de expresión, explicó Irazoque Palazuelos.
“Desde la Secretaría de Gobernación construiremos un proceso de participación con espacios plurales, incluyentes e igualitarios para todas las personas. En principio los foros regionales se realizarán en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Ciudad de México, queremos escuchar a todas las voces de las diversas regiones del país”, dijo.
Agregó que se integrarán las voces de las mujeres buscadoras, de las y los periodistas, de quienes defienden el territorio y el medio ambiente, de colectivas que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, de las organizaciones que defienden el derecho al acceso a la justicia y a la verdad y de quienes defienden a pueblos y comunidades indígenas.
¿Para qué queremos una nueva ley?
En contraste, en este foro el presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Alberto Xicoténcatl Carrasco, recordó que la actual Ley que existe desde hace una década fue el resultado de una exigencia social de protección para una población en particular, por eso lanzó una serie de pregunta sobre la pertinencia de crear otro marco jurídico.
La primera pregunta del también defensor fue “¿por qué necesitamos una ley nueva cuando la actual no se ha implementado al cien por ciento?. A esta interrogante le sigue otra: ¿Por qué nunca se concluyeron todas las recomendaciones que la sociedad civil tuvo a lo largo de la historia de esta Ley (la de 2012) para fortalecer al Mecanismo y fortalecer la protección de las personas defensoras y periodistas?
Continuó: ¿qué pasará con las recomendaciones que surgen a partir del Diagnóstico de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (recomendaciones de 2019)? Xicoténcatl Carrasco detalló que la actual Ley y su Mecanismo de Protección han sido extremadamente observados por la sociedad civil y por organismos internacionales, quienes han realizado recomendaciones para mejorar su funcionamiento, las cuales no se implementado totalmente.
El defensor preguntó por qué el Gobierno piensa que es un momento propicio para transformar la ley y vincular a las entidades federativas, cuyos funcionarios son los principales agresores de periodistas y personas defensoras. Aunque no lo mencionó, en 2021 el Mecanismo documentó que 40 por ciento de los probables agresores eran servidores públicos, situación confirmada por organizaciones que documentan esta violencia.
El también director de la Casa del Migrante Saltillo agregó: cómo garantizar que haya un enfoque diferenciado y la perspectiva de género a la hora de atender los casos. También dijo que aunque este año el Mecanismo de Protección tiene la mayor partida presupuestal, está aún es insuficiente ante el problema de violencia.
“Pese a todas las carencias, los retos que tiene el Mecanismo, ha salvado y están salvando vidas y trabajos. Es por eso que como sociedad civil nos parece fundamental no únicamente fortalecer sino salvar a este Mecanismo que, insisto, está salvando vidas”, finalizó.
Agresores no necesitan nueva ley
Con esta crítica coincidió el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, quien agregó que la labor de las personas defensoras y periodistas es esencial para construir, sostener y fortalecer la democracia.
“Cuando la libertad de expresión es atacada, cuando quienes defienden los Derechos Humanos temen por su vida, por su libertad o su integridad, toda la sociedad pierde. Desafortunadamente en México los ataques, amenazas y asesinatos de periodistas y de personas defensoras nos recuerdan la actualidad de ese riesgo”, mencionó.
Fernández-Maldonado Castro recordó que en 2019 México solicitó a la oficina de la ONU que elaborara un diagnóstico integral sobre el Mecanismo de Protección, del cual surgieron 104 recomendaciones dirigidas al Estado para fortalecer sus tareas de prevención y de protección. Sin embargo, reconoció que los foros regionales para identificar retos y alternativas deben ser vistos como una oportunidad para proponer reformas legales en favor de esta población.
Entre las bondades del Mecanismo de Protección que deben ser fortalecidas, el representante señaló la participación de sociedad civil, la prevención de las agresiones, las medidas de protección que salvan vidas y destacó la necesidad de comprometer de forma decidida a todas las autoridades, federales, estatales y municipales, en la garantía del derecho a defender los Derechos Humanos y la libertad de expresión.
Fernández-Maldonado Castro también expuso la necesidad de fortalecer la protección hacia mujeres periodistas y defensoras y atender los obstáculos específicos que ellas enfrentan, así como atender las necesidades de grupos particulares de personas defensoras como indígenas, jóvenes o defensoras de inmigrantes, de personas desaparecidas o de los derechos sexuales y reproductivos.
Agregó: “Las autoridades y funcionarios que hoy amenazan y agreden a periodistas o personas defensoras de Derechos Humanos no necesitan una nueva ley para saber que no pueden hacerlo, las leyes son herramientas y su poder transformador tiene lugar cuando se aplican de manera efectiva en la realidad para cumplir con las obligaciones generales de respetar y proteger los Derechos Humanos”.
Piden que se retomen opiniones de sociedad civil
En tanto, el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de este organismo, Joel Hernández García, agregó que la Comisión ha observado que las mujeres defensoras, de los colectivos, las defensoras indígenas, del medio ambiente y del territorio, enfrentan situaciones de riesgo específico.
Por eso mismo, dijo, el organismo valora que México responda con un Mecanismo nacional de Protección y mencionó que un marco legal adecuado garantizará la estabilidad y solidez de un Mecanismo de esta naturaleza, por eso dijo que la participación de la sociedad civil en la elaboración de esta Ley debe ser efectiva, es decir, debe procurar las perspectivas plasmadas en estos espacios.
Al respecto, la senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán, y la diputada y secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Nelly Minerva Carrasco Godínez, dijeron que estos foros regionales servirán para impulsar una iniciativa de ley y mejorar la protección para esta población.
En este diálogo también estuvieron el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres; y el representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Francisco Javier Estrada Correa.
El primer encuentro, en el que participan personas legisladoras, funcionarias, periodistas, defensoras, académicas y cualquier interesada, continuará este 18 de enero en la Ciudad de México y de forma virtual y durante febrero y marzo se realizarán otros encuentros en Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Guerrero. Se planea que el último diálogo se realice el 15 de marzo.