2022 será el año de defender lo ganado contra la destrucción sistemática emprendida por el Ejecutivo y acompañantes, en nombre de una “transformación” que busca hacer tabla rasa del pasado como si el vacío propiciara el desarrollo humano o tuviéramos la eternidad para enfrentar el cambio climático, la desigualdad, la pandemia y la violencia generalizada.
Así como el calentamiento global no se detiene porque los políticos lo nieguen o los medios lo minimicen, la austeridad a ultranza va minando los cimientos del servicio público, la salud, la educación, la cultura, y en general las estructuras que hemos construido, Estado y sociedad o ciudadanía casi sola (incluso pese al gobierno), a lo largo del siglo XX o desde inicios del XXI, para ir garantizando el ejercicio de todos nuestros Derechos Humanos.
Aceptar esta, ya no tan lenta, demolición, implicaría hacernos cómplices de un proyecto caprichoso que niega el presente y se empeña en clausurar el futuro.
Este año será crucial para la ciudadanía, no por la artificiosa consulta “revocatoria”, sino por la acumulación de evidencias del afán autoritario que guía al grupo en el poder, encabezado por el líder supremo, y su prisa por consumar la devastación, ante las cuales es urgente responder con protestas pacíficas organizadas, exigencia de transparencia y acciones propositivas.
Ya sea que pensemos en la seguridad y la prevención de la violencia criminal, en las políticas de igualdad e inclusión, en el acceso a la salud, la educación, la cultura, en el empleo digno o la economía sustentable, desde 2018 vamos acumulando amenazas y pérdidas, algunas de ellas “anunciadas”, como la militarización del país, “precursoras” como el vaciamiento de instituciones evidente desde los despidos arbitrarios en el servicio público en 2018-19; otras “ocurrentes”, como el proyecto de cien “universidades” Benito Juárez, como si bastara nombrar así un plantel con docentes y estudiantes para hacerlo universidad.
A estas medidas, anecdóticas en redes sociales, han seguido ataques a la ciencia y la academia, con denostaciones sistemáticas a instituciones consolidadas, linchamientos de personas y grupos, persecución colectiva, exclusiones arbitrarias, asfixia presupuestal, imposición de directivos. Estas acciones autoritarias han ido aderezadas de un discurso polarizador que exacerba añejas divisiones sociales y fomenta nuevos resentimientos, siguiendo la fórmula del “divide y vencerás”, que no por conocida pierde efectos, tales como la falta de solidaridad con el CIDE o los ataques al INE “porque son privilegiados” – cuando la educación pública de calidad y la autonomía del órgano electoral son logros ciudadanos.
Ante la nueva arremetida contra la educación pública que significa la aplicación del austericidio a la ENAH, escuela de alta especialidad cuyos aportes al país no podrá negar este régimen que tanto dice admirar a los pueblos y culturas indígenas; ante los ataques a instancias especializadas como el Inali, el INECC, instituciones que, respectivamente, contribuyen a preservar la riqueza lingüística y la biodiversidad; o ante la desaparición de Indesol, donde aún se mantenían posibilidades de apoyo y colaboración con las ONG en favor de la igualdad de género, la inclusión o la prevención de la violencia misógina, no puede negarse ya el afán demoledor del actual proyecto presidencial.
¿Qué hacer cuando desde el primer día el líder y su grupo empoderado manipulan el discurso y el imaginario social, distorsionan la historia a conveniencia, apuestan por la mediocridad educativa, el asistencialismo y la militarización como sustento de gobierno? ¿Cómo romper la inercia de quienes prefieren la comodidad de la sumisión o viven en condiciones que les atan a la indiferencia?
“Cambiar el sistema” suena utópico. Resistir al pesimismo y a la tentación de “olvidar la política” es menos sugerente pero necesario. Afirmar y actuar el #YoDefiendo, esforzarnos por entender la realidad más allá de la estridencia demagógica o apocalíptica; documentar los hechos, defender a quienes buscan justicia; ejercer y promover el diálogo plural, la crítica constructiva y la solidaridad, son hoy actos de resistencia y esperanza de futuro desde y para la ciudadanía.
Desde el feminismo, además, es hora de exigir a las mujeres “empoderadas”, a quienes forman parte del gobierno, en cualquiera de los tres poderes, que dejen de usar la paridad como justificación para ascender o por lo menos no se llamen feministas si no son capaces de proponer y defender políticas favorables para las mujeres y las niñas, si ni siquiera protestan cuando se elimina Indesol y desde el púlpito presidencial se justifica esta medida con el argumento de que las ONG sólo querían sacar recursos y que es mejor dar dinero directamente a cada persona. Como si con ese “recurso” individual cada mujer pudiera crear redes de apoyo, guarderías, escuelas de tiempo completo o refugios y casas de la mujer indígena.
Resulta ominoso, al menos para mí, el silencio de las funcionarias y de quienes las rodean. No se trata de imponer un “feministómetro” sino de oponerse a la política de simulación que antes se disfrazaba de acciones inconexas y hoy intenta mantenerse con apelaciones al “feminismo” institucional(izado).