Autoridades estatales, federales, académicos y ambientalistas de Querétaro presentaron el primer "Protocolo de Actuación para la Protección de Defensores Ambientales".

Querétaro, 30 Nov 2021.- Autoridades estatales, federales, académicos y ambientalistas de Querétaro presentaron el primer “Protocolo de Actuación para la Protección de Defensores Ambientales” en el estado, el cual pretende brindar apoyo a los activistas de este rubro que ponen en riesgo su vida al vigilar las normas en favor del medio ambiente.

Dicho protocolo también busca garantizar el derecho de acceso a la información en materia ambiental, para conocer los intereses de los sujetos obligados (autoridades, dependencias, instituciones estatales y federales), así como de particulares en temas de medio ambiente o explotación de recursos naturales.

Izarelly Rosillo Pantoja, académica de la Facultad de Derecho UAQ y consultora sobre medio ambiente, aseguró que los protocolos de actuación deben garantizar el principio de “prevención” de acuerdo a lo estipulado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido al riesgo de perder la vida que sufren estos activistas.

“No solo implica protecciones de carácter negativo, sino positivo, extendiendo los principios de prevención… hay una gran preocupación en el tema de la libertad de expresión, los ambientalistas se enfrentan a una situación de riesgo constante por los intereses que entran en conflicto al demandar un derecho colectivo”, denunció.

Destacó que los ambientalistas son estigmatizados con términos como “ecoterroristas”, lo que también supone un riesgo a su integridad y su honor personal, lo que puede insitar a conductas violentas en su contra por interponerse a intereses adversos para el medio ambiente.

Recordó que el derecho al medio ambiente, establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene su concepción en un principio colectivo, además de su vinculación al derecho a la vida y un desarrollo sustentable, lo que hace necesaria la participación ciudadana.

Finalmente, recordó que los Estados tienen la obligación de incentivar la participación ciudadana en la protección del medio ambiente, además de brindar protección especial a las y los ciudadanos que se dediquen a defender los recursos de una localidad.