Querétaro, 12 Noviembre 2021.- Es oficial. Este viernes se publicó en dos medios de circulación local la reforma al código civil del estado de Querétaro, que permite, sin ningún tipo de procedimiento jurídico extra o amparo, que dos personas del mismo sexo puedan unirse en matrimonio.
Con ello, Querétaro se convierte en el estado número 23 en el país en adecuar sus leyes o implementar acciones para celebrar la unión civil entre miembros de la comunidad LGBTI+ sin discriminación.
La reforma fue aprobada por la LIX Legislatura el pasado 22 de septiembre de 2021, en medio de una polémica por la forma en que los diputados discutieron y aprobaron la propuesta, sobre la cual pesaba un recurso interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, que obligó al congreso local a darle cauce a la iniciativa.
Es así que corrieron 60 días, donde la iniciativa fue enviada al Poder Ejecutivo Estatal para observaciones, declaración de veto o publicación en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga" para su entrada en vigor.
En el estado de Querétaro, se comenzó la lucha jurídica y social en favor de los matrimonios igualitarios en 2014, 4 años después de que la Ciudad de México se convirtiera en la primera en el país en permitir este tipo de uniones civiles.
En ese año, durante la marcha contra la homolesbobitransfobia, se llevó a cabo, en las inmediaciones de Plaza Constitución, una boda colectiva con actas simbólicas que fueron apoyadas a través de un bufete activista para solicitar un amparo colectivo.
Fue hasta octubre de 2014 cuando se permitió la primera boda “gay” en el estado; mientras que en 2015, el gobierno municipal de Marcos Aguilar Vega en la capital autorizó llevar a cabo los matrimonios igualitarios sin necesidad de amparo.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en 2015 inconstitucionales los códigos civiles estatales que impiden los matrimonios del mismo sexo, pero casi un tercio de los estados se resisten a reformar su ley, por lo que parejas aún deben interponer amparos legales para acceder al este derecho.
Dentro de la legislatura local, tuvieron que pasar tres periodos, es decir, 9 años, para que esto fuera una realidad, pues era una iniciativa que se mantuvo en la congeladora sin ser siquiera discutida.