La ausencia de justicia para las mujeres que transgreden las normas y cometen algún crimen, la doble estigmatización que les impone la sociedad por ser criminales. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

La ausencia de justicia para las mujeres que transgreden las normas y cometen algún crimen, la doble estigmatización que les impone la sociedad por ser criminales y por ser mujeres no es nueva; resulta de una larga tradición de derecho penal anquilosado y de normas sociales tradicionales que suponían que las mujeres debían apegarse al modelo del “ángel del hogar” y que aún les exige “perfección” moral.

Así lo sugiere la historiadora Martha Santillán Esqueda en su libro “Mujeres criminales: entre la justicia y la ley” (2021). Con un estilo narrativo que enriquece el rigor de su investigación en archivos judiciales de los años 30 y 40 del siglo pasado, Santillán presenta cinco casos de mujeres acusadas de delitos graves que se enfrentaron a un sistema de justicia patriarcal, a una sociedad reacia a la modernización de las costumbres y a una prensa ávida de escándalo.

A través de las historias de estas mujeres, nos acercamos a la vida en femenino en una Ciudad de México en proceso de modernización económica y social que apenas incidía en el ámbito cultural y las relaciones de género, como lo comprueba el cine de oro de la época con sus melodramas e historias trágicas de mujeres apenas liberadas. Así, mientras que las mujeres criminales estremecían a la opinión pública, la violencia de pareja, el incesto o la violación eran prácticas ocultas o normalizadas como usos privados.

Con respeto y empatía por las protagonistas de su estudio, Santillán las presenta en su contexto social y personal, da cuenta de sus casos y del proceso penal que culminó en la absolución de algunas y  en condenas variadas para otras. Analiza el influjo de la mala educación sentimental que difundían la radio y sobre todo el cine, y las reacciones de la prensa, vocera de la “buena sociedad” ante las transgresiones femeninas. Así, nos invita a reflexionar acerca de los límites de los cambios legales favorables a las mujeres que se han logrado desde entonces, y a valorar la perspectiva de género como lente indispensable para entender las causas del crimen y hacer justicia.

¿Quiénes son estas mujeres señaladas? La mayoría es de clase media, aunque alguna más adinerada, como Clementina, quien asesinó al marido que la golpeaba y la engañaba pero se negaba a darle el divorcio. Otras, pertenecían a las clases populares, como María Antonieta, cuya vida resume las desgracias de una familia precaria, donde la violencia sexual se acalla por vergüenza y temor. Otra es Carmen, acusada de robo y asesinato, cuya historia familiar y libertad sexual agravan las acusaciones en su contra.

Además de presentar argumentos que pudieran atenuar sus actos, todas ellas (y sus abogados) tuvieron también que acreditar ante los jueces sus buenas costumbres y su mejor reputación como “buenas” mujeres, hijas, esposas y/o madres puesto que en el imaginario social y ante el derecho ideado e interpretado por hombres, la honra y la buena  fama eran esenciales (por ejemplo,  se tomaba como atenuante que al intentar un aborto la mujer hubiera ocultado un embarazo fuera del matrimonio).

Las mismas exigencias enfrentaron  las 18 mujeres detenidas en una excepcional redada en el consultorio de un médico que practicaba abortos, en el centro histórico. Aunque muchas estaban ahí por dolencias ajenas al embarazo, todas fueron detenidas. La mayoría sufrió maltrato en la agencia judicial. La mitad salió libre enseguida y casi todas probaron que no habían cometido ningún delito, pero el abuso judicial y el escarnio mediático quedaron para la historia. La cercanía de la fecha de esta redada con el “Día de la Madre”, creado artificiosamente para contrarrestar los pocos avances de las mujeres en el ámbito laboral, favoreció la hoguera mediática.  

Aunque hoy la perspectiva de género forma parte del lenguaje básico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la práctica, el sistema penal sigue revictimizando a quienes denuncian violencia sexual o de pareja, y no suele tomar en cuenta las circunstancias adversas o antecedentes de violencia familiar que han sufrido quienes son acusadas de asesinato o, en algunos estados, de “homicidio agravado en razón de parentesco”, y las presenta como monstruos.

Con este libro, Martha Santillán invita a reflexionar sobre lo mucho que falta para eliminar la brecha entre la ley y la justicia. Incorporar la perspectiva de género y de Derechos Humanos en el sistema penal es aún tarea pendiente.