Ciudad de México.- Integrantes de la Red Nacional de Refugios (RNR) y otras defensoras de los derechos de las mujeres exigieron que el presupuesto para la erradicación y la atención de la violencia contra las mujeres, en particular de los refugios, sea suficiente, progresivo y multianual.
Al participar en el VII Foro Internacional “Retos en la defensa de la agenda feminista garante de los derechos humanos de todas las mujeres”, de la Red de Refugios, que se llevó a cabo este 13 y 14 de octubre, la directora de la RNR, Wendy Figueroa, enfatizó la importancia de que las y los legisladores garanticen un presupuesto con perspectiva de género en cuya elaboración participen las organizaciones civiles y las víctimas de violencia contra las mujeres, con fondos multianuales que cubran los 12 meses del año y para que los recursos no dependan de cada gobierno.
Este llamado fue secundado por las distintas defensoras de Derechos Humanos, entre ellas titulares de refugios, quienes también participaron en el foro y expusieron las nuevas necesidades de estos espacios de cara al aumento de la violencia contra las mujeres que se observó durante la pandemia.
Durante el evento, la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Kristal, explicó que el Ejecutivo federal planteó un incremento nominal del 3.8 por ciento para el “Programa para Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos” (creado en 2021), el cual –reconoció– no es suficiente pero representa un avance. La legisladora se comprometió a buscar que el presupuesto asignado para la erradicación de la violencia contra las mujeres se mantenga y no sufra ningún tipo de recortes.
Por su parte, la coordinadora de vinculación institucional de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Erika Troncoso, dijo que dos prioridades de trabajo de este organismo son combatir la impunidad y lograr una coordinación en una “malla de protección” para las mujeres víctimas, ya que la impunidad empieza a tejerce desde que la instancia de primer contacto no canaliza a las víctimas ni les brinda el trato adecuado. Desde enero de este año, la Conavim ha atendido directamente a más de 500 casos de víctimas de violencia contra las mujeres, dijo la funcionaria.
Troncoso explicó que esta malla de protección es un modelo de atención aprobado en agosto pasado por el Sistema Nacional para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El objetivo es que se trabaje de manera articulada; en la primera base están las unidades de atención Paimef, los Centros de Justicia y los refugios. Y reconoció que uno de los retos sería conseguir el recurso multianual como meta. No existe presupuesto para la intervención con agresores.
Luz Rosales Esteba, de Indesol, institución donde actualmente reside el programa de refugios, coincidió en que se debe trabajar conjuntamente con las legisladoras para garantizar un presupuesto suficiente para la operación de los refugios en 2022.
Presupuesto para refugios sigue siendo débil
La economista e integrante del Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, Andrea Larios, explicó que el Anexo 13 para 2022 (que involucra 32 ramos administrativos, 103 unidades responsables, 91 programas presupuestarios y 146 acciones específicas) es el quinto con mayor presupuesto de todo el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año que viene.
En total, este anexo integra 11 acciones que promueven la erradicación de la violencia de género, con 6 mil 404 millones de pesos. Entre estas acciones, detalló, la “investigación científica y desarrollo tecnológico” se lleva 56.4 por ciento del total de ese recurso, por encima de otros programas dirigidos específicamente para la atención de víctimas de violencia.
El Programa para Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos es el cuarto con mayor recurso, con un total de 420 millones de pesos. Su objetivo es brindar atención especializada a las víctimas a través de espacios integrales, multidisciplinarios y seguros.
De acuerdo con el análisis de la investigadora, entre 2018 a 2019 los refugios tuvieron un recorte al pasar de 413.3 millones de pesos a 392; no obstante, en 2020 el recurso aumentó hasta 446 millones (en cifras cerradas), pero en 2021 se redujo a 420 millones. Según el Proyecto de presupuesto, para 2022 los refugios recibirían un incremento de 0.04 por ciento en términos reales.
“La asignación de sus recursos continúa siendo débil tanto en montos absolutos como en relación al eje”, analizó Larios.
Por otra parte, la integrante de MIRA Pensadoras Urbanas, Luz María Maquiavelo, detalló que si bien el gasto programable para la garantía de los derechos de las mujeres se ha incrementado en el presupuesto año con año, en realidad no ha aumentado en proporción a con otros programas y con el crecimiento del Producto Interno Bruto.
Maquiavelo detalló que en el 2020 el anexo 13 representó sólo .39 por ciento del PIB, para 2021, este anexo representó .51 por ciento. La experta en presupuesto observó además que hay entidades en las que el recurso destinado para la igualdad entre mujeres y hombres es menor, aunque no así sus necesidades.
Por ejemplo, mientras en 2021 a Aguascalientes se le otorgaron 572 millones de pesos (en cifras cerradas) a Baja California Sur se le asignó sólo 10 millones. Además de la diferencia de presupuesto otorgado, se observa que año con año cada entidad hace un gasto distinto de él. Por ejemplo, mientras en 2019 BCS gastó el total de su presupuesto derivado del Anexo 13, para 2020 gastó menos de la mitad.
De acuerdo con la experta, en el análisis del presupuesto no se identifica una coherencia progresiva en la distribución del recurso, ya que no existe una explicación basada en indicadores o buenas prácticas que justifiquen su incremento; además, los recursos dados no siempre son utilizados para temas con perspectiva de género sino que se dispersan en todas las áreas de la administración y en muchos casos son etiquetados como viáticos o papelería; no hay objetivos claros qué cumplir porque algunos programas no cuentan con reglas de operación; y persiste una falta de investigación documental que permita evaluar el presupuesto.
En el foro participaron más de 25 expertas en derechos de las mujeres, de España, Argentina, Honduras y México.