Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE), la Asociación Nacional de Fiscalías Electorales y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, acordaron analizar cuáles son las mejores medidas para prevenir, atender y sancionar, de manera efectiva, la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Así lo dieron a conocer representantes de estas instituciones durante el primer foro regional sobre buenas prácticas para atender la violencia política durante el proceso electoral 2020-2021, que se realizó este 14 de octubre, donde también participaron organizaciones de la sociedad civil.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Norma De la Cruz Magaña, expuso que en el proceso electoral del 2017-2018 se recibieron, aún sin tener un marco legal, 47 denuncias por violencia política contra las mujeres, pero en las elecciones de junio de 2021 se recibieron 147 denuncias; además, la Red Nacional de Candidatas identificó 448 casos de violencia.
En este contexto, la consejera Norma de la Cruz dijo que este balance se realiza en un momento propicio y permitirá identificar las prácticas que se deben fortalecer, así como las áreas de oportunidad que requieren mejoras de cara a los próximos procesos electorales.
Luego de que el 13 de abril del 2020 se publicaron las reformas a ocho leyes para reconocer y atender la violencia política como un delito autónomo y acciones para prevenirla, el INE implementó medidas para cumplir con este marco normativo en las elecciones de este año.
“Bajo este contexto, las instituciones implementamos, todas en el ámbito de nuestras atribuciones, medidas inmediatas para estar en posibilidad de aplicar los diversos mandatos en materia de prevención, atención y, en su caso, sanción de expresiones en materia de violencia política en razón de género”, recordó la consejera De la Cruz.
El INE adecuó su Reglamento de Quejas y Denuncias en la Materia y aprobó la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres y los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y locales erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.
A decir de la funcionaria, evaluar estos mecanismos servirá para fortalecer las capacidades institucionales en la atención de todas aquellas conductas que atentan contra el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y que, por ende, violentan el desarrollo y fortalecimiento de la democracia.
Por ejemplo, en el caso del registro, expuso, el número de personas incorporadas va en aumento, incluso hay quienes han sido ingresadas varias veces y su función de inhibir la conducta se queda corta. “Entonces tenemos que revisarlo porque así como está no necesariamente nos está funcionando”, dijo.
Otro dato que destacó es que quienes denuncian violencia política, generalmente son las candidatas. En este proceso electoral, dijo la consejera, las mujeres que denunciaron conductas de violencia fueron principalmente las candidatas a diputaciones federales, seguidas de las candidatas que compitieron por cargos a nivel municipal.
En la inauguración de estos trabajos, el fiscal especializado en delitos electorales del estado de Nuevo León y presidente de la Asociación Nacional de Fiscalías Electorales, Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, propuso que todas las fiscalías especializadas formen parte de los observatorios de participación política de las mujeres, para trabajar en conjunto con todas las autoridades involucradas en atender este problema.
Por su parte, el presidente del Observatorio Ciudadano Nacional, Francisco Rivas, detalló que esta organización realizó un monitoreo en redes y medios de comunicación y encontró que es más probable que las mujeres sean agredidas en Twitter y Facebook. En estas elecciones documentó casos de 28 candidatas a diferentes cargos que fueron violentadas en estos espacios digitales.
Con esta información, la organización recomendó incorporar al padrón nacional de personas sancionadas en materia de violencia política a personas morales, porque, argumentó, las empresas proveedoras de partidos políticos y órganos electorales, sobre todo del sector de la comunicación, se prestan a difundir información misógina y denigrante de las candidatas, por ejemplo, por medio de granjas de bots.