Ciudad de México.- El Juzgado de Control radicado en Cuauhtémoc, en Chihuahua, citó a la autoridad indígena de la comunidad rarámuri de San Elías Repechique, –donde se ubica un taller de costura que impulsaron las mujeres indígenas– a una audiencia de imputación de cargos por el presunto delito de despojo agravado.
En distintos comunicado emitidos este 3 de octubre por organizaciones defensoras de los derechos indígenas en la Sierra Tarahumara, entre ellas la Consultoría Técnica Comunitaria A.C (CONTEC A.C) y Alianza Sierra Madre, se advirtió que el gobierno de Chihuahua, a través del Poder Judicial, busca criminalizar y hostigar a las y los defensores indígenas, quienes históricamente han buscado por la vía organizativa y legal que se les reconozca su derecho ancestral al territorio.
De acuerdo con las organizaciones, el Juzgado de Control radicado en Cuauhtémoc, en Chihuahua, citó este 4 de octubre al Primer Gobernador (autoridad indígena) de la comunidad rarámuri de San Elías Repechique a una audiencia de imputación de cargos por el presunto delito de despojo agravado.
La comunidad de San Elías Repechique está ubicada en el municipio de Bocoyna, a escasos kilómetros del municipio turístico de Creel. Desde 2014, la comunidad rarámuri tiene una sentencia emblemática en la que se le reconoce como propietaria de las 33 mil hectáreas que conforman Bosques San Elías Repechique. Esta sentencia se logró luego de que la comunidad denunció al gobierno del estado por haber construido en su territorio, y sin consultarles, un aeropuerto que beneficiaría al sector turístico.
Además de reconocerles a la comunidad su derecho ancestral al territorio, esta sentencia obligó al gobierno del estado a pagar el daño que les causó con 65 millones de pesos que deberían ser invertidos en proyectos sociales. Producto de ello, la comunidad, particularmente la indígena Teresa González, impulsó la construcción de un taller de costura dentro de las hectáreas reconocidas como territorio ancestral.
Con este proyecto se buscaba impulsar oportunidades laborales para las mujeres indígenas del territorio, además de ser un espacio de encuentro y formación en Derechos Humanos para toda la comunidad. No obstante, el 13 de agosto de 2020, la Fiscalía del Estado mandó a detener a Teresa por el supuesto delito de despojo en contra del empresario turístico Fernando Cuesta, quien asegura que las tierras indígenas son suyas porque le fueron heredadas.
De acuerdo con CONTEC A.C., que acompaña legalmente a la comunidad rarámuri de Repechique, esta denuncia por despojo contra el Primer Gobernador de la comunidad fue interpuesta por la misma persona que acusó inicialmente a Teresa; a su vez, dentro del territorio en disputa legal en esta acusación está el taller de costura que tardó más de un año en construirse y fue inaugurado recién en agosto pasado para brindar oportunidades laborales a las familias indígenas de esa región.
Este juzgado también citó a 15 integrantes de la comunidad indígena de Mogótavo (cuatro de ellos fallecidos) para revisar el no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.
De acuerdo con las organizaciones civiles, ambos casos tienen como antecedente el despojo originario que se hizo a estas comunidades donde, a pesar de ser habitadas por comunidades indígenas, fue entregado durante el reparto agrario a personas mestizas que nunca han vivido ahí y que, en el caso de Repechique, explotaron el bosque, y en el caso de Mogótavo, ubicado en las Barrancas del Cobre, se explotó el turismo por parte de grupos políticos y empresariales.
Si bien esta situación no es privativa de estas dos comunidades, en el caso de ambas se han tenido que iniciar procesos jurídicos ante la amenaza por escrito de desalojarlas del territorio donde tienen sus casas, sus escuelas y sus centros religiosos.
Las organizaciones aseguran además que no existen elementos jurídicos objetivos que configuren el delito de despojo, ya que es necesario que quien denuncie tenga la posesión del inmueble y, en este caso, ninguno de los denunciantes lo tiene.