Ciudad de México. En los estados del norte de la República Mexicana, el acceso de las mujeres que buscan acceder a un aborto por las causales vigentes en sus Códigos Penales es casi nulo debido a que su derecho a decidir sobre su cuerpo y a elegir ser o no madres son poco reconocidos, por lo que son señaladas, perseguidas y criminalizadas por la sociedad, el personal médico y las autoridades, lo que las lleva a tejer redes de apoyo para llevar a cabo esta práctica en otras entidades.
Al participar en el conversatorio “Desafíos en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Noroeste de México”, la asesora legal del Colectivo de Mujeres Activistas Sinaloenses, Korina Cervantes Muro, detalló que existe una desigualdad de Derechos Humanos porque sólo cuatro estados (Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca) permiten un aborto por voluntad propia hasta las 12 semanas mientras que en el norte esta práctica está penalizada y los abortos espontáneos son sinónimo de cárcel.
En Sinaloa, dijo, las mujeres que desean abortar bajo alguna causal enfrentan dificultades, como que el personal médico retrasa que accedan a el servicio o tergiversan la información para no realizar el procedimiento y son acosadas por grupos antiderechos; por otro lado, hay quienes temen sufrir un aborto espontáneo porque no se considera su contexto, ni las causas del hecho y terminan siendo juzgadas bajo dos delitos: aborto y homicidio en relación de parentesco.
Por esta razón, agregó, hay mujeres privadas de su libertad de manera injusta con condenas altas, ya que el delito de homicidio en relación de parentesco posee una pena de 30 a 50 años en prisión, según el artículo 152 del Código Penal de esta entidad. Asimismo, el colectivo “ILE Sinaloa” estimó que había 6 ciudadanas en prisión por este motivo en 2019.
Cervantes Muro recordó el caso en 2018, de una mujer víctima de violación que no pudo interrumpir su embarazo en la entidad porque el personal médico del “Hospital de la Mujer de Culiacán” no se lo permitió debido a que según ellos “la vida debía ser protegida desde la concepción como decía la ley” y “que la “NOM-046” (Norma Oficial Mexicana de atención para caso de violencia familiar y sexual contra las mujeres) no era válida en ese caso”.
Ante la negativa y la urgencia del procedimiento, comentó, recaudaron dinero y buscaron la manera de que la mujer viajara a la Ciudad de México, donde pudo interrumpir su embarazo. De 2007 a 2021, se han realizado 237 mil 643 interrupciones legales del embarazo en clínicas de la CDMX, de los cuales 37 fueron de mujeres originarias de Sinaloa, según datos de la Secretaría de Salud.
“Está muy horrible. La criminalización es muy dura. Tenemos miedo de sentirnos perseguidas si abortamos. Es muy feo que las autoridades nos quieran hacer ver como criminales y condenarnos a procesos penales. Las mujeres vamos a seguir abortando, con o sin permiso del Estado, porque siempre lo hemos hecho, porque tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a decidir si queremos o no ser madres”, señaló la defensora.
En esta entidad el aborto no es punible cuando corre peligro la vida de la mujer, si el embarazo es resultado de una violación, y si el aborto no es derivado de la “imprudencia de la embarazada”. Fuera de estas causales, la ciudadana que se realice un aborto o consienta que otra persona lo haga será sancionada de 6 meses a 3 años de prisión; y de uno a tres años a quien lleve a cabo esta práctica, de acuerdo con los artículos 158,155, y 156 del Código Penal de Sinaloa.
Cervantes Muro destacó que esperan que este panorama cambie tras el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), en el cual declaró que los estados no son competentes para definir el concepto de persona, por lo que invalidó la reforma al artículo cuarto de la Constitución de Sinaloa que protegía la vida desde 2018, por lo que -dijo- se ha abierto un debate en la entidad para despenalizar el aborto.
Explicó que la razón principal de la Corte para invalidar este concepto es que los congresos locales no tienen competencia para definir cuándo comienza la vida ni para ampliar y anteponerse a los derechos del “producto” por encima de los derechos de las personas nacidas, es decir de las mujeres; además, constató que la vida tiene que entenderse como el derecho a decidir de manera libre e informada, lo que significa que las mexicanas tienen derecho a la autonomía reproductiva, incluido el aborto.
Cervantes Muro enfatizó que para que sea posible abortar sin criminalización, el congreso de Sinaloa deberá reformar el artículo 156 del Código Penal para que sea eliminado o su contenido sea modificado. De igual manera, también debe ser reformado el artículo cuarto de la Constitución para que la vida deje de ser protegida desde “la concepción”.
Al respecto medios locales reportaron que este 28 de septiembre en el marco del “Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro”, el congreso de esta entidad comenzó las discusiones entorno a la despenalización del aborto, por lo que se estima que los artículos 154,158 y el capítulo 6 sobre aborto del Código Penal local sean derogados y se reformen la “Ley Estatal de Salud” y el artículo cuarto de la Constitución de este estado.
Frente a estas posibilidades, reiteró, las feministas anhelan que el aborto sea despenalizado en la entidad esta semana. “Estamos muy nerviosas y alertas a lo que suceda. En algún punto el aborto va a ser despenalizado en todo México y ninguna mujer será criminalizada ni social ni penalmente y las maternidades van a ser deseadas”, finalizó.
En la espera de un mejor futuro
La situación no cambia en Baja California, las mujeres no tienen garantizado el aborto por voluntad propia, pero tampoco bajo las causales que su Código Penal permite porque no hay infraestructura, el persona médico niega el servicio y existe una fuerte estigmatización hacia la práctica, lo que orilla a las ciudadanas a viajar a otros estados o llevar el procedimiento en secrecia.
Así lo confirmó la defensora de “Las Bordes”, Perla Martínez, quien resaltó que incluso las mujeres que portan un pañuelo verde (símbolo de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos) son agredidas en cualquier espacio debido a la fuerte presencia de los grupos antiderechos, los cuales tienen alianzas con personas con poder en la política de aquella entidad.
A fin de contrarrestar estas situaciones, agregó, desde “Las Bordes” junto con otras colectivas han realizado distintos eventos, como ventas, toma de espacios públicos, marchas, entre otras acciones para que las personas se informen sobre los Derechos Humanos de las mujeres, y que la despenalización del aborto serviría para disminuir las muertes maternas.
En Baja California, la razón de muerte materna es de 45.6 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados. Las principales causas de estas muertes son por contagios por COVID-19, virus no identificado y edema, proteinuria, y trastornos hipertensivos que complican el embarazo, el parto y puerperio, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud de México.
Perla Martínez resaltó que estas redes de apoyo también han servido para la compra de medicamentos, en particular pastillas, pues aún en algunas farmacias piden receta médica para obtener el misoprostol ( medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud para interrumpir un embarazo).
Dijo que esperan que estas actividades impulsen a que el aborto deje de ser estigmatizado y se entienda que es un proceso natural. “Estamos luchando para que las personas puedan decidir sí o no abortar, llamamos a que la población preste más atención a los estados del norte, promuevan espacios de discusión y que las autoridades acaten lo declarado por la SCJN para que las maternidades sean deseadas”, agregó.
Es necesario recordar que hace unos días, la SCJN declaró inconstitucional que el estado de Coahuila sancione con penas de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente tenga un aborto y anunció que ningún juez o jueza podía castigar a una ciudadana por tomar esta decisión, por lo que se espera que los congresos locales modifiquen sus normativas para que dejen de criminalizar el aborto, como es el caso de Baja California.
La mujer que aborte o consienta que otra persona practique este procedimiento en ella será sancionada con una pena de uno a 5 años en prisión mientras que quien lleve a cabo esta práctica será penado de 3 a 10 años de prisión, según lo estipulan los artículos 133 y 135 del Código Penal de Baja California.
El aborto es posible, de acuerdo con el artículo 136 del Código Penal, en esta entidad bajo 3 causales: cuando es “resultado de una conducta culposa de la mujer, cuando es resultado de una violación o inseminación artificial, cuando corra peligro la vida de la mujer”.
Un caso emblemático
Perla Martínez recordó que Baja California es un referente en el movimiento feminista por el caso de Paulina, una menor de 13 años de edad, quien fue víctima de violación el 31 de julio de 1999. Ella junto con su madre denunció el hecho ante el Ministerio Público para que pudiera acceder a un aborto bajo la causal de violación, sin embargo, no pudo.
El personal médico, contó, buscó excusas para retrasar el plazo y así la menor de edad no pudiera interrumpir su embarazo mientras que los grupos antiderechos la acosaban y protestaban para que no abortara.
El caso tuvo que llegar a instancia mayores, una de ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual dictaminó que el Estado mexicano violó los Derechos Humanos de Paulina y dio origen a la “Norma Oficial Mexicana” (NOM-046) sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres
La NOM-046 surgió en 2005, sin embargo -recalcó la defensora- las mujeres no ven garantizado su acceso a un aborto por la causal de violación y por ello prefieren viajar a la CDMX, donde de 2007 a 2021, se han practicado 237 mil 643 interrupciones del embarazo, de las cuales 77 fueron para mujeres de Baja California.