El gobierno mexicano debe dejar de cubrir su violencia y criminalización contra las mujeres y menores de edad migrantes. FOTO: CIMAC NOTICIAS.

Ciudad de México. El gobierno mexicano debe dejar de cubrir su violencia y criminalización contra las mujeres y menores de edad migrantes bajo el pretexto de que busca “contener la afluencia” porque viola sus Derechos Humanos, aumenta el riesgo de que sean víctimas de grupos criminales y agrava su situación de pobreza, coincidieron especialistas y defensores de las personas migrantes. 

Al participar en la conferencia virtual “Gobierno de México tiene opciones para solucionar la situación migratoria en Chiapas”, explicaron que esta política dejó en el limbo a miles de personas migrantes, entre ellas embarazadas y menores de edad en Tapachula, Chiapas, durante meses en condiciones precarias, sin acceso a la salud, a la escuela o a un trabajo, además, de ser discriminados y agredidos por las autoridades migratorias. 

Antes la ausencia de ayuda, detallaron, las y los migrantes comenzaron a salir de Chiapas desde el pasado 28 de agosto, todas ellas a pie, cargando sus pertenencias, y con pocos víveres en busca de una vida digna, sin embargo, la respuesta del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) ha sido emplear el uso desproporcionado de la fuerza para perseguir y detener a las personas migrantes. 

A fin de esperar sus procesos, dijeron, las personas migrantes se vieron obligadas a rentar espacios con malas condiciones con un costo de 5 mil a 7 mil pesos, por ello en un cuarto vivían alrededor de 20 personas. Algunas otras tuvieron que vivir en la calle al no tener recursos económicos. Todo ello llevó a que las y los migrantes se hartaran del sistema migratorio y de la ausente ayuda que han recibido. 

Señalaron que no existe una justificación para todas las irregularidades que están cometiendo el gobierno mexicano, el INM, la GN, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) contras las personas haitianas, venezolanas y provenientes de Centroamérica porque va en contra de los tratados nacionales e internacionales a los que México se ha suscrito.  

“Queremos recordar al gobierno mexicano que hay alternativas para atender esta movilización. La violencia y la criminalización nunca serán la respuesta ante las necesidades de pobreza, de marginación, inseguridad y violencia que viven muchas de las personas migrantes en sus lugares de origen o residencia habitual”, declaró la representante del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Melissa Vértiz Hernández. 

Por su parte, la directora de la Oxfam México, Alexandra Has Paciuc, dijo que “ya llevamos muchos años de una política migratoria que genera condiciones de enorme vulnerabilidad y de amenazas muy grandes a la integridad física y a la seguridad de las personas migrantes, tanto por la actuación de las autoridades y por la amenaza del crimen organizado”. 

Ante este panorama, recomendaron a estas instituciones que implementen formas migratorias múltiples para garantizar el traslado seguro de las personas a lugares del país, donde tengan redes de apoyo mutuo, vínculos familiares, regularización de todas las familias con hijas o hijos nacidos en México, además, residencia temporal, de uno a cuatro años para quienes cuentan con una oferta de trabajo. 

También solicitaron que brinden estancias por razones humanitarias de cuatro años, ya sea porque su solicitud de asilo está en proceso o porque existe una causa humanitaria o de interés público, implementar un programa de regularización migratoria, y cumplir  con lo que estipula la “Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político”, que establece la obligación de México de no devolución a personas con necesidad de protección. 

Para llevar a cabo estas acciones, agregaron, es necesario que las autoridades conozcan los contextos, perfiles y necesidades de las personas migrantes, además, desarrollar una colaboración interinstitucional en los tres niveles de gobierno, de agencias de Naciones Unidas en este país, de la sociedad civil, la academia y de voluntad política. 

Demandaron una reunión de trabajo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INM y la COMAR con la finalidad de explorar las propuestas viables para evitar continuar con las violaciones a Derechos Humanos contra personas migrantes, ya que ellas no representan ninguna amenaza para la sociedad mexicana, por el contrario insertarlas en la población supone una ventaja. 

En este evento también participaron la representante de los pueblos indígenas y migrantes en Estados Unidos, de “Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe”y de la “Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes (CAFEMIN).